La Comunidad pagará 264.000 euros en 2016 por el local del eliminado Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de Madrid cesará su actividad el 31 de diciembre. Pero la Comunidad seguirá pagando un año más el alquiler del local. Fuentes de la Consejería de Presidencia explican que las dependencias de este órgano, situado en Gran Vía, están alquiladas hasta el 31 de diciembre de 2016. Hasta esa fecha, el Gobierno de Cifuentes deberá abonar 22.690 euros mensuales, que es el precio pactado del alquiler.

Ayer, los pocos trabajadores que había dentro del inmueble se afanaban en sacar del local cajas con documentación. Desde la Consejería de Presidencia aseguran que la mudanza les llevará, al menos, dos meses. Es el tiempo necesario para reubicar a estos trabajadores y trasladar todo el material. A día de hoy, quedan en el edificio cuatro letrados; tres administrativos; el auxiliar que lleva el registro; dos vigilantes y dos empleadas de la limpieza. Durante ese tiempo, los trabajadores cobrarán sus nóminas. Después, el local quedará vacío, aunque otras consejerías se han interesado en este lujoso inmueble.

La página web de la institución sigue funcionando, aunque no se renueva desde el pasado día 25. Un mensaje en su portada señala: “Esta página se mantiene accesible para cualquier interesado, a través de una compilación de las resoluciones más significativas adoptadas ante los problemas jurídicos más destacados, así como de una selección de 1.548 dictámenes y acuerdos de los 4.676 aprobados durante su existencia. También se recogen sus publicaciones y memorias anuales de actividad, que a su vez incluyen criterios y recomendaciones sobre temas de relevancia jurídica”.

La supresión del Consejo, cuya función era emitir dictámenes y donde los expresidentes Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González (PP) tenían un cargo vitalicio remunerado, fue una de las condiciones impuestas por Ciudadanos para dar su apoyo a Cifuentes. Y así fue aprobado el pasado día 23 en el pleno de la Asamblea con los votos a favor de PP y Ciudadanos; la abstención de Podemos y la oposición de PSOE. El trabajo del Consejo lo hará ahora una Comisión Asesora Jurídica.

Los expresidentes cobrarán durante dos años entre el 80% y el 90% del salario anual que percibieron durante su último mandato, pero esa remuneración sería incompatible con cualquier actividad.