La familia Pujol y la CUP

Según las manifestaciones de D. Jordi (Pujol Jr), el legado le fue entregado en la Banca Reig en forma de láminas financieras ascendiendo el montante a unos 500 millones de pesetas, que equivaldrían a tres millones de euros, si bien estos tres millones pasaron a convertirse en ocho (millones de euros)…". Este texto, sumamente descriptivo, figura en el auto del juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que acordó la apertura de un proceso penal contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia, tras la declaración autoinculpatoria del expresidente catalán el 25 de julio de 2014. Como puede comprobarse, expresa el resultado de un largo proceso de enriquecimiento ilícito del conjunto familiar que arranca en 1980, cuando Jordi Pujol asume la presidencia de la Generalitat.

Previamente a dicha declaración, los ya mencionados habían abonado a Hacienda, como regularización fiscal, la suma de 3.144.381 de euros. En dicho auto, la juez se inhibe de dicha causa a favor de la Audiencia Nacional, especializada en la delincuencia económica organizada con notable trascendencia económica. Con esta decisión, la justicia acumula esa causa, por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, a la que se tramita en el Juzgado Central nº 5 desde 2012 contra Jordi Pujol Ferrusola y su esposa Mercè Gironès por delitos económicos de similar naturaleza, una vez acreditada la conexión entre los investigados y los hechos delictivos que motivan la investigación. Paralelamente, el Juzgado Central nº1 instruye otra causa por delitos semejantes contra Oleguer Pujol. Todas estas actuaciones penales tienen su fundamento en la creación por parte de Jordi Pujol Soley y sus hijos de un entramado familiar con relaciones empresariales encaminado al enriquecimiento del partido dirigente, Convergència Democràtica, de toda la familia y del conjunto de los poderes económicos. Los medios para ello eran muy diversos: concursos de adjudicaciones públicas mediando comisiones ilegales, retribuciones desorbitadas, etcétera, como quedó acreditado ante la Comisión de Investigación del Parlament del caso Pujol.

Según la justicia, “la ocultación y gestión de un patrimonio en el extranjero por más de treinta años, gran parte de los cuales transcurrieron durante la vida política activa del Sr. Pujol Soley, llevan a pensar que obedecía al propósito de encubrir el origen delictivo del dinero”. Cuando Pujol, tras reconocer los hechos, pretende atribuir su patrimonio oculto en Andorra —entre otras posibles ubicaciones— a un supuesto legado de su padre, Florenci Pujol, se encuentra con esta contundente respuesta de la justicia: “Aun admitiendo la improbable realidad de tal legado, el importe del mismo ascendería, según palabras del Sr. Pujol Soley, a no más de 140 millones de pesetas (unos 841.000 euros) y sin embargo, los ocho beneficiarios pudieron llegar a percibir varios años después, cuando menos, un millón de euros cada uno”. La fuente del constante y masivo enriquecimiento ilícito de todo el clan familiar tiene su origen en la forma en que, según dicho auto, le fue entregado aquel supuesto legado: “Desde el año 1992 todos los hermanos Pujol Ferrusola son o han sido titulares de cuentas bancarias en ese país (Andorra) y asimismo, lo son o han sido sus padres, llamando la atención que una de las cuentas era propiedad en la sombra de D. Jordi Pujol Soley, como se desprende de una carta manuscrita por él mismo reconociéndolo así".

“Cabría decir”, afirma la juez de instrucción, “que más que la herencia de su abuelo, lo que en realidad habrían recibido son los beneficios de las dudosas actividades económicas realizadas por el mayor de los hermanos”. Sobre todo, cuando hasta la fecha, “ninguno de los demás imputados ha facilitado datos concretos, objetivos e inequívocos sobre los importes percibidos, fechas de los correspondientes ingresos, conceptos y en general, cualquier otra información relevante”.

Es más que razonable y está plenamente justificado que sea la Audiencia Nacional, como órgano especializado en la gran delincuencia, la que asuma la competencia para profundizar y concluir una investigación penal ya demasiado larga que necesita urgentemente ser concluida. Las conductas penales anteriormente descritas fueron iniciadas e inducidas por quien en algún momento afirmó que tenía “un acusado sentido del honor”. Sería bueno que ese partido llamado CUP conociera mejor los orígenes y el recorrido de sus futuros aliados.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción y es miembro de Federalistes d´Esquerres.