20-D, el día del castigo

Bastante más de media España sueña con que el 20-D sea el día del castigo al PP. Hay cuatro grandes motivos por los que el deseo de desalojar al PP del Gobierno no ha dejado de crecer. Uno de ellos es que Mariano Rajoy prometió acabar con el paro y hacerlo sin subir los impuestos y no lo ha conseguido. Al revés, las condiciones sociales y laborales de los que trabajan han empeorado mucho sin haber aumentado la cifra de ocupados y mientras subía la presión fiscal. El resultado de la política económica del PP en estos cuatro años es un notable incremento de la desigualdad social: los ricos son más ricos, los pobres más pobres y los servicios sociales disponen de menos medios.

El segundo motivo que alimenta el rechazo a la continuidad del Gobierno del PP es el aluvión de escándalos de corrupción económica protagonizados por sus miembros. Desde un exvicepresidente del Gobierno hasta alcaldes y concejales, pasando por el secretario de finanzas del partido y presidentes de comunidades autónomas se hallan incursos en escándalos. La larga lista de casos que se instruyen en los juzgados muestra claramente dos cosas: para financiarse, el PP ha recurrido de forma ilegal al cobro de comisiones a contratistas y suministradores de las administraciones que ha gobernado. Siguiendo el ejemplo, muchos afiliados han utilizado también esta práctica para lograr beneficios privados. La extensión del modelo se ha revelado como un cáncer que carcome al partido allí donde gobierna.

La tercera causa de rechazo al PP es su incapacidad para gobernar la pluralidad nacional. Cuando Mariano Rajoy accedió al poder en 2011, el independentismo no alcanzaba en Cataluña el 20% de los votos. En 2015 ha alcanzado el 48% y todo indica que si siguiera gobernando el PP, continuaría enconándose el conflicto entre su gobierno y la actual mayoría parlamentaria catalana. El PP presenta al independentismo catalán como el enemigo interior al que hay que combatir y aplastar y pide que se le apoye en esta tarea. Una parte del electorado le sigue en este discurso, pero también hay otra que lo identifica como un cínico corresponsable del problema y le recrimina la ausencia de voluntad de resolverlo.

La mayoría absoluta de que ha dispuesto el PP ha agudizado la crisis de legitimidad del modelo político español

La mayoría absoluta de que ha dispuesto el PP ha agudizado la crisis de legitimidad del modelo político español, y este es el cuarto gran motivo para desear que pase a la oposición. El movimiento del 15-M mostró este distanciamiento como una ruptura entre generaciones y una impugnación de la alternancia bipartidista entre PSOE y PP que ha dominado la política española en las últimas tres décadas. El sistema electoral español produce una desviación político-ideológica de signo conservador y centralista, claramente favorable al PP, y fomenta un bipartidismo que margina la pluralidad realmente existente en la sociedad. Los efectos nocivos de este sistema se agravan cuando la mayoría conservadora es utilizada no solo para formar gobierno, sino para apoderarse de todos los organismos e instituciones centrales del Estado, que es lo que ha hecho el PP: lanzarse al control del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de los organismos reguladores de la economía y de la radiotelevisión pública, entre otros. El sesgo conservador se convierte de este modo en característica del sistema político, hasta el punto de deslegitimarlo.

Se ha llegado así al momento en que la disyuntiva entre progresismo y conservadurismo, que sigue siendo la básica en las elecciones generales, se presenta en este 20-D con dos papeletas distintas para cada una de ellas, las del PSOE y Podemos por la izquierda, y las del PP y Ciudadanos por la derecha. Siempre hubo junto a las del PSOE y el PP otras ofertas tanto en la izquierda como en la derecha, pero la gran novedad de la convocatoria de 2015 estriba en que, por vez primera, las cuatro valen igual, sirven lo mismo. Quien quiera votar izquierda sabe que esta vez no sucederá con el voto a Podemos lo que antes ocurría con el voto a Izquierda Unida, es decir, que en la mayor parte de las provincias era un voto desperdiciado porque el sistema electoral le impedía entrar en la asignación de escaños en la mayor parte de ellas. Lo mismo vale para la derecha. El PP casi ha monopolizado la representación política desde la extrema derecha al centrismo, pero esta vez muchos de sus electores saben que su voto se traducirá también en un escaño si se lo dan a Ciudadanos.