Seguridad mal entendida

Existe una cierta contradicción entre lo mucho que nos gusta hablar de los datos y lo poco que se aplican para hacer mejores políticas, más efectivas, objetivas, ajustadas a problemas reales y evaluables. Y es probable que la desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos no sea en ningún otro ámbito tan abismal como en el de la seguridad. De hecho, investigar y evaluar políticas de seguridad y tecnología de España y la UE se ha convertido desde hace tiempo en un ejercicio que no sólo desafía a la lógica y el sentido común, sino que genera una profunda sensación de impotencia, desamparo e inseguridad.

Venimos de una disfunción crónica que consiste en una doble tendencia por la que hacemos leyes y diseñamos políticas para problemas que no existen, y a la vez aprovechamos los momentos de alarma social para aplicar recetas prefabricadas que no habían encontrado su grieta de éxito durante los períodos de debate reposado. Como muestra, algunos botones. En nuestro país tendemos a colocar cámaras de videovigilancia precisamente en los lugares donde los estudios dicen que son menos útiles, los centros urbanos con gran afluencia de público, en los que hay poca impunidad debido precisamente a la presencia de gente, con lo que el ojo electrónico tiene poco que aportar. Pero aquí los datos dejan de importarnos, y cuando las estadísticas nos dicen que las cámaras no reducen la delincuencia los políticos hacen un doble salto mortal y concluyen ¡es porque hay pocas! Y compramos más.

Hacemos leyes y diseñamos políticas para problemas que no existen, y a la vez aprovechamos los momentos de alarma social para aplicar recetas prefabricadas que no habían encontrado su grieta de éxito durante los períodos de debate reposado.

En Europa y Estados Unidos se aplicaron nuevas políticas de seguridad y control de pasajeros y equipajes después de que por un incomprensible error de inteligencia un hombre que ya había sido denunciado por estar en proceso de radicalización pudiera subir a un avión e intentar (sin suerte) activar un explosivo. Los datos nos dicen que el problema fue, precisamente, de inteligencia, pero la solución fueron los escáneres corporales, la limitación del volumen de líquidos y la conversión de los aeropuertos en espacios de suspensión de derechos de toda la ciudadanía. Es difícil comprender cómo se pueden abordar los problemas de inteligencia poniendo a todo el mundo bajo sospecha, pero en políticas de seguridad la lógica hace tiempo que fue prejubilada.

Con los recientes atentados de París, los datos insisten en confirmar que tenemos un problema persistente de inteligencia, a causa de un sistema incapaz de realizar una selección, categorización y seguimiento efectivo de los sujetos sobre los que existen sospechas razonadas de vinculación terrorista. Como hemos puesto a toda la ciudadanía bajo vigilancia y sospecha preventiva, los servicios policiales están literalmente inundados de datos. Por hacer ciertas búsquedas en internet, por asistir a ciertos lugares de culto, por viajar a ciertos países, por llamar a ciertos números de teléfono, personas perfectamente inocentes acaban en enormes bases de datos imposibles de gestionar, en las que aquellos que sí realizan acciones sospechosas quedan bajo toneladas de datos del resto de nosotros. Como han indicado ya muchos expertos y expertas, si fuéramos capaces de reforzar el uso de técnicas policiales tradicionales y renunciáramos a crear sociedades panópticas tendríamos muchas más posibilidades de vivir más seguros.

Sin embargo, como con la videovigilancia, cuando los datos dicen que limitar libertades, eliminar garantías judiciales y vigilar a todo el mundo preventivamente no funciona (es lo que ya hicieron todos los países después del 11-S, y Francia específicamente después del ataque al Charlie Hebdo), la respuesta no es repensar las políticas y cambiar de estrategia, sino (triple salto mortal sin red) colarnos dos tazas de recortes democráticos.

Pero aún hay más. Como los sueños húmedos de control de los ministros de interior llevaban años parados por un Parlamento Europeo reacio a sacrificar privacidad y libertades a cambio de una más que dudosa promesa de seguridad, el comprensible dolor y desconcierto posterior a los ataques de París se aprovecha para ir a la estantería de soluciones prefabricadas de dudosa eficacia y legalidad y desempolvar el sistema de registro de nombres de pasajeros y la prohibición de las comunicaciones encriptadas y anónimas. A pesar de que ninguno de los terroristas de París tuvo que viajar en avión para cometer los atentados. A pesar de que parece que se comunicaron vía SMS perfectamente desencriptados y legalmente espiables.

Cuádruple salto mortal, sin red y con tiburones. Así nos va.

Gemma Galdon es doctora en Políticas Públicas.