Los vecinos recelan del “pacto de la N-340” que impulsan los alcaldes
Los municipios reclaman "soluciones" a Fomento mientras las plataformas vecinales exigen la gratuidad de la A-P7
Las movilizaciones de protesta para hallar soluciones que reduzcan la alta siniestralidad que sufre la carretera N-340 han puesto al descubierto las diferencias que separan a los movimientos vecinales de las Terres de l'Ebre de los ayuntamientos. Los representantes de las federaciones de vecinos señalan que los alcaldes actúan con demasiada tibieza a la hora de exigir soluciones a la Generalitat y al Ministerio de Fomento y les acusan de aprovechar el agitado clima de protesta con fines electorales.
"Hay algunos que van a las manifestaciones solo para hacerse la foto", ha lamentado Llorenç Navarro, portavoz de la Federación de Amposta de Asociaciones de Vecinos, al tiempo que les reta a seguir protestando "al día siguiente de las elecciones". El distanciamiento fisura el bloque de unidad que se ha constituido alrededor de los puntos negros de la N-340, es decir, un territorio que abarca desde l'Arboç (Baix Penedès) hasta Benicarló (Castellón).
En les Terres de l'Ebre los cortes de carretera suman ya diez semanas de manera ininterrumpida y en el tramo norte de la N-340, justo en la frontera con las comarcas de Barcelona, medio millar de personas copiaron este fin de semana el mismo método de protesta: cortaron la carretera a la altura de l'Arboç, donde 24.000 vehículos, 3.000 de los cuales camiones, cruzan a diario su núcleo urbano. Los alcaldes del bautizado como Pacto de Berà se sumaban por primera vez a las movilizaciones. El alcalde de Altafulla, Félix Alonso, anunció durante la marcha que dada la dimensión interterritorial que ha tomado el reproche, el concepto "Pacto de la N-340" ya ha relevado al "Pacto de Berà", en el que se reclaman "soluciones" a la alta siniestralidad.
Los cortes de tráfico buscan presionar a Fomento para que desvíe por la autopista el tráfico, sobretodo el de camiones, que satura la desfasada vía nacional. Si hasta ahora las movilizaciones han salido de la sociedad civil, los cortes del pasado domingo, pero sobre todo el bloqueo total de la carrtera que se anuncia para el 11 de diciembre, se hace bajo el amparo de los Consistorios. Hay convocados hasta ocho cortes simultáneos en distintos tramos y la circulación por la N-340 se prevé imposible. Además, la Federación de transportistas ha anunciado que se suma a la protesta y que ralentizará a menos de 40 km/ el tráfico por la controvertida carretera.
Entretanto, las asociaciones de vecinos, a la espera de una reunión que se debe celebrar esta misma semana, recelan sumarse al bloqueo consensuado por los ayuntamientos porque dicen tener dudas sobre las formas y los fines con que se plantean las movilizaciones.
"Los ayuntamientos no han firmado nuestro manifiesto", señala Llorenç Navarro. Un manifiesto que exige la gratuidad total del tráfico por la autopista y reniega de cualquier tipo de bonificación, ni tan siquiera para los camiones. Una bonificación que, desde la consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, ha sido a menudo planteada como mal menor para aligerar de manera inmediata la N-340 de camiones y reducir las alarmantes cifras de siniestralidad.
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