Imágenes de Canal 9 dos años después del apagón

Canal 9 ha abierto hoy por primera vez sus puertas a los medios de comunicación dos años después de la clausura de las instalaciones. El estudio central de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), donde los trabajadores mantuvieron la programación hasta su desalojo por parte de la Policía hasta las 12:19 horas del 29 de noviembre de 2013, sigue congelado, con las sillas tal y como se abandonaron. En las instalaciones fantasma se mantienen todavía los precintos policiales en el acceso a las dependencias del control.

Las cosas están exactamente igual que se dejaron, mientras los tres liquidadores nombrados por el Consell, que preside el socialista Ximo Puig, intentan deshacer la madeja de pleitos, contratos y gastos heredados para poder cerrar una sociedad que fue llevada al límite y que el popular Alberto Fabra decidió cerrar tras fracasar el expediente de regulación de empleo previsto.

Los tres liquidadores de RTVV, Francisco Gómez, Ignacio Baixauli y Agustín Arenas, que iniciaron su labor a mediados de julio han encontrado una RTVV, han comparecido hoy en la sede de Canal 9 y han explicado las dificultades que han de afrontar en unas instalaciones que tienen unos gastos fijos mensuales de un millón de euros en mantenimiento y compromisos.

Los responsables de la liquidación han descubierto, entre otras cosas, que el Centre de Producció i Programes de Radiotelevisió Valenciana en Burjassot (Valencia), cuyo valor inicial se fijó en 32 millones de euros y el año pasado se rebajó en 25 millones, no está inscrito en el registro de la propiedad, una "irregularidad que cabe subsanar con urgencia". El edificio no está inscrito en el Registro de la Propiedad, sino solo los solares sobre los que se levantó, lo que es necesario solucionar.

Según los liquidadores de RTVV, de cuyo apagón se cumplen dos años este fin de semana, han confesado que se trata de un proceso "tortuoso, pues cuando llegaron se encontraron la casa cerrada, sin un solo trabajador", ya que los últimos despidos se realizaron el pasado 30 de junio y apenas han recibido información de sus antecesores.

Durante su comparecencia, los tres responsables han explicado que se encontraron con un "bloqueo informático", que les ha impedido tener acceso a la contabilidad y a la base de datos de los contratos hasta hace poco. "El inventario de los bienes no está acabado, y la parte acabada no da garantías", han explicado los liquidadores, "además, existen varios centenares de pleitos tanto de trabajadores, como de productoras, con las que esperan poder alcanzar acuerdos".

Triskel gana el pleito

No ha sido ese el caso del pleito con la productora Triskel. La Audiencia Provincial de Valencia ha dado el visto bueno al precio de los documentales que RTVV compró en la etapa de mayorías absolutas del PP a Triskel en julio de 2011 por cerca de 650.000 euros y ha condenado al ente público a abonar 325.680 euros (precio reducido que fue pactado en diciembre de 2011), más 96.000 euros en intereses.

Esta sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso la Agencia Efe, tiene su origen en una demanda de la productora Triskel ante el impago de dicha cantidad. El fallo no fue recurrido en el plazo legalmente establecido (entre el 2 y el 22 de octubre de 2015) por la Abogacía de la Generalitat, representante legal de la sociedad en liquidación, según consta en un decreto de la sección novena de la Audiencia Provincial, motivo por el cual es firme. El juez advierte en su sentencia de la "temeridad" que supuso no abonar estos documentales por parte del extinto ente público, al que condena también a abonar las costas procesales.

Para el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, "cerrar una empresa de un día para otro supone incumplir un montón de contratos, derechos y obligaciones". Sin embargo, esa situación no impedirá poner en marcha la nueva RTVV, según el secretario autonómico de Comunicación.