La Fiscalía pide penas de hasta 108 años por la venta de datos sanitarios

Una de las derivadas del caso Pitiusa (la mayor red de tráfico ilegal de datos desarticulada en España) llega a juicio. Y los acusados —cuatro detectives privados catalanes— afrontan peticiones de cárcel insólitas por comprar y vender historiales médicos de pacientes de la sanidad pública, incluidos menores de edad. La Fiscalía pide la friolera de 108 años de cárcel para el principal traficante de datos sanitarios, Jordi Agustí. Este investigador privado de 59 años se hacía pasar por médico para conseguir, con una llamada de teléfono, que los profesionales sanitarios le facilitaran información confidencial de sus pacientes. El fiscal señala que Agustí vendía los datos a otros detectives, y que estos acababan en manos de aseguradoras.

—¿Doctora Martí? Soy el doctor Jordi Bosch, de aquí del ICAP de Vallcarca de Barcelona (...) Mira, es referente a un niño de 13 años... ¿Qué sabéis de este niño?

Con esa llamada telefónica, que consta en el sumario del caso Pitiusa, el principal acusado de la trama logró que una médico de un ambulatorio de Sabadell le detallara la situación de un menor de edad que, presuntamente, había sufrido malos tratos por parte de su padre.

Otros detectives compraban los datos, que acababan en manos de aseguradoras

El fiscal afirma que “no se ha podido determinar” quién encargó el historial clínico del menor. Lo mismo ocurre con los expedientes de otros pacientes que fueron hallados en el ordenador personal de Jordi A. durante los registros. El fiscal Emilio Sánchez Ulled subraya que es “sumamente significativo” que muchas de las personas “cuya intimidad se vio quebrantada” se habían visto involucradas “en accidentes de tráfico con reclamaciones a compañías de seguros”, o “en algún otro tipo de litigio”. El destinatario final de esos datos, por tanto, eran empresas y aseguradoras que utilizaban los servicios de los detectives para investigar a sus trabajadores o clientes.

La instrucción judicial sí ha identificado a tres personas que encargaron directamente los historiales a Jordi A “con pleno conocimiento de que la información iba a ser obtenida ilegalmente”. Se trata de tres detectives considerados “inductores” y para quienes el fiscal solicita penas variables, en función del número de informes solicitados: Francisco Javier V. (40 años de cárcel), José C. (16) y Rubén C. (4). El fiscal también pide que sean inhabilitados para ejercer como detectives.

El escrito de acusación atribuye al detective Jordi A. un total de 23 delitos contra la intimidad cometidos entre enero de 2011 y mayo de 2012. Y pide, por cada uno de ellos, una condena de entre cuatro y cinco años de prisión. Desde su despacho de Vic (Osona), el detective “ofrecía de forma habitual a sus clientes la posibilidad de conocer información médica y socio-sanitaria”.

400 euros por historial

Por cada expediente, cobraba “entre 200 y 400 euros”. El fiscal subraya el carácter “habitual, reiterado y pertinaz” de la conducta de Jordi A., que “rebasa el daño evidente a la esfera más íntima de personas físicas” y afecta también “al interés público”.

El cerebro de la trama conseguía la información mediante llamadas telefónicas, “simulando ser un médico o funcionario de algún servicio público relacionado con la sanidad”. Tras “ganarse la confianza de su interlocutor”, lograba que le facilitara verbalmente e incluso por escrito los datos que requería. En uno de los casos, el investigador logró información sobre las lesiones y secuelas de un paciente, e incluso de su “estado psíquico”. La actuación de Jordi A. no se limitaba al ámbito catalán: también llamó, haciéndose pasar por médico, a centros de salud públicos de Tenerife y Sagunto.

La defensa del detective, que ejerce el abogado Fernando Martínez —letrado de otros imputados en Pitiusa que han sido exculpados— argumenta que su cliente se limitó a verificar datos que ya conocía en el marco de su trabajo como detective y subraya la “desproporción” de la pena solicitada por el fiscal.