Archivada la querella contra medio Consell de Fabra por no facilitar datos

"Dificultar" a los diputados el acceso a información no es delito, contesta el TSJ a EU

María José Català, portavoz del Consell, junto a la consejera Isabel Bonig tras el pleno.
María José Català, portavoz del Consell, junto a la consejera Isabel Bonig tras el pleno.gustavo grillo (efe)

"Dificultar" u "obstaculizar" desde la Generalitat el acceso a información a los diputados no es delito. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha comunicado este viernes el archivo de la querella que Esquerra Unida presentó contra medio Consell de Alberto Fabra, incluida la actual líder del PP regional, Isabel Bonig, por denegar documentación requerida por sus diputados.

Los magistrados, apoyándose en el criterio de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la infracción atribuida a Bonig (extitular de Infraestructuras), María José Català (Educación), José Ciscar (vicepresidente), Máximo Buch (Economía) y Serafín Castellano (Gobernación) es un delito que exige un "resultado". Y dado que los diputados de Esquerra Unida pudieron acceder finalmente a la documentación, reclamándola por la vía contencioso-administrativa, este no llegó a consumarse.

Los diputados de EU sostenían que los cinco exconsejeros habían cometido el delito previsto en el artículo 542 del Código Penal: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes".

La resolución del Tribunal Superior concluye que no se ha "producido tal impedimento en los términos que exige la jurisprudencia antes reseñada acerca del mismo pues en definitiva los querellados han tenido acceso a la documentación interesada en su día, sin que dificultar su obtención en los términos en que se señala en la querella y en el escrito de alegaciones de los querellantes, integre la acción típica".

"Aquellas conductas que paralizando momentáneamente o demorando la activación del derecho fundamental", en este caso los derechos cívicos, no revisten la gravedad necesaria para considerarse delitos.

La documentación que Esquerra Unida no logró de los entonces consejeros pero sí a través de la vía judicial incluyó, entre otra: "Plan para el diagnóstico y revisión técnica de los centros escolares públicos"; "relación de centros educativos con fibrocemento"; "Informe de la Inspección Técnica de Edificios del colegio Hispanitat de Santa Pola"; sondeos de opinión encargados a empresas por la Generalitat; "contrato de alta dirección de Radiotelevisió Valenciana", así como un informe sobre el aeropuerto de Castellón.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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