González: “La venta a Goldman Sachs fue pulcra e inmaculada”

Ignacio González, presidente regional madrileño cuando en 2013 se vendieron 2.935 pisos sociales del Ivima a Goldman Sachs, defiende que se trató de “un proceso transparente, pulcro e inmaculado”. Un informe de la Cámara de Cuentas hecho público la semana pasada revelaba, sin embargo, de un quebranto para el patrimonio del Ivima (el instituto público de la vivienda de la Comunidad de Madrid) de 97 millones de euros. Los 32 bloques tenían un valor de 300 millones y se vendieron al fondo de inversión por 201. El dictamen del órgano fiscalizador pone en duda que se hubiese velado por el interés social.

Un juzgado, por el contrario, ha establecido que la venta se ajustó a la legalidad. Las casas se tasaron cuando salieron al mercado en 168 millones y se pagaron 201 y a esta cifra se agarran todos los responsables de la operación para defenderla.

González ha esquivado contestar a las preguntas de los diputados autonómicos y se han vivido momentos especialmente broncos con Ignacio Aguado (Ciudadanos) y Ramón Espinar (Podemos). ¿Por qué no ofrecieron las viviendas a los vecinos antes de ofrecérselas a fondos de inversión?”, le han preguntado. Y González ha incidido sobre lo mismo: “Fue un proceso transparente y abierto. Se ajustó a la ley. La política de vivienda contempla vender las viviendas a los inquilinos, pero no se vendían porque no había acceso al crédito. Y, como consecuencia, no hubo venta individualizada”.

Pablo Cavero, consejero de Vivienda cuando se produjo la venta, ha reconocido en la comisión que ocultó a los presidentes regionales Esperanza Aguire e Ignacio González su relación con el fondo de inversión. Y, también, que no se abstuvo en la votación del Consejo de Gobierno. Cavero era consejero de la sicav Bussola 99, gestionada por Goldman Sach, hasta el momento de entrar en política en 2012 tras décadas centrado en el mundo financiero. Por este motivo, la fiscalía ha solicitado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude información de las posibles conexiones de Cavero con Azora (la gestora inmobiliaria), Goldman Sachs y Encasa Cibeles (la filial del fondo). “¿No será que han puesto al zorro al frente del corral?”, se ha preguntado Encarnación Moya, del PSOE.

El exconsejero ha repetido una y otra vez que no informó a sus superiores políticos de su contacto con Goldman Sachs porque es una “relación proveedor-cliente”, como no aludió a su contrato de la luz, sus cuentas bancarias o sus seguros. Aunque, recuerda que su declaración de bienes es pública. “Es como si Iberdrola no pudiese presentarse al contrato de la luz de Metro [Cavero fue consejero también de Transportes] por la factura de mi casa”.

Cavero, sin embargo, asegura que sí preguntó a Ana Gomendio, a la que contrató como directora general del Ivima, si tenía conflictos de intereses al haberse dedicado al sector inmobiliario. Le creyó y ahora Gomendio está imputada tras una querella de los socialistas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la venta de vivienda pública.

Miguel Ongil, de Podemos, ha hecho alusión a un correo electrónico enviado por Ivima Portfolio Sales al despacho Uría y al fondo de inversión, en el que se evidencia que es la propia empresa la que elabora los anexos al contrato, no el comprador. Este apéndice permitía cambiar las condiciones de la venta. El email dice así: “Esperamos recibir el listado con los anexos al contrato de compraventa para repartir las tareas de elaboración y supervisión de los mismos lo antes posible”. Fernando Gumunzio, socio fundador de Azora, no ha confirmado ni negado este hecho.

Azora, por contra, afirma que es "absolutamente normal y necesario que la administración contacte con quien es adjudicatario de cara a la preparación y formalización de la escritura. De hecho, de conformidad con los pliegos, la escritura debía otorgarse ante el notario elegido por el licitador".

En su turno Francisco Javier Carmena, secretario general del Ivima, ha reconocido que el instituto vendió las viviendas al fondo sin informar a los inquilinos (muchos con opción a compra). Asegura que no eran “parte interesada”, porque se vendía en bloque, no casa por casa, por lo que no era preceptivo.

Carmena ha esquivado comentar la entrega a los fondos de datos personales de los moradores al fondo Goldman Sachs y Azora. Los vecinos, que dicen haber visto en Internet sus datos, lo denunciaron y existe una investigación abierta que puede concluir con una multa de hasta 300.000 euros.