Trabajo expedienta a TMB por contratos irregulares

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) se saltó el protocolo de contratación para dar empleo en el metro a cuatro personas, entre ellas, tres familiares de tres sindicalistas que representan a los trabajadores de autobuses en la negociación del nuevo convenio colectivo, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Uno de ellos es el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo de Cataluña en septiembre a Metro por incumplir su normativa al elegir a estas personas. El otro es la querella presentada por CGT en octubre contra la responsable de selección de personal de la empresa pública a la que acusa de tráfico de influencias y prevaricación.

Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (Metro) y Transportes de Barcelona son dos de las tres sociedades que integran TMB y que se encargan de los servicios de metro y autobuses de Barcelona y área metropolitana. Metro contrató en julio de manera temporal a tres agentes de atención al cliente y a otra persona para el departamento de Logísticas, Ventas y Recaudación ante “una acumulación de tareas, ausencias por absentismo y la necesidad de cubrir los puestos”, según dijo la dirección al inspector de Trabajo.

Dos de los contratados eran la hermana de M. A. Arias y la hija de J. L. Olalde, según la acusación de CGT. El primero es miembro del comité de empresa de Transportes de Barcelona y junto al segundo, representan a UGT en la mesa de negociación del convenio. Otro de los seleccionados para un empleo de verano fue el hijo de S. Correcher, miembro del comité pero por el Sindicato Independiente de Transportes (SIT).

Según el convenio colectivo de Metro, la dirección debe publicar las vacantes en una convocatoria interna para que sus empleados accedan a ellas. Algo que la compañía no hizo. Tampoco las ofreció a los inscritos en la bolsa de verano ni preguntó al personal relevista con jornadas del 75% si querían ampliarlas al 100%.

 El acta de la Inspección

 La empresa respondió al inspector que no sabía por qué las convocatorias “unas veces se publican y otras no” y tampoco explicó “de forma convincente” por qué no ofreció estos puestos a los otros colectivos, según el acta de Trabajo. Cuando el funcionario preguntó a la dirección si encadenaría contratos a estas cuatro personas, esta “inicialmente manifestó” que no se pueden hacer “elucubraciones sobre el futuro”. Pero, cuando el inspector le recordó que los contratos aludían a una necesidad temporal, la firma dijo que se “extinguirían a la finalización del periodo estival”. Trabajo inició entonces un procedimiento sancionador a Metro por vulnerar sus normas de promoción.

A raíz de este expediente, la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona se querelló contra la responsable de la unidad de selección de TMB, M. A. Pardo, por tráfico de influencias. La CGT considera que propuso las cuatro contrataciones “prevaliéndose del ejercicio de las facultades” y que así “influyó” en el director de gestión de Recursos Humanos para contratar a familiares próximos a los sindicalistas. Al margen del “beneficio económico”, la CGT cree que la selección no fue casual y que responde a la moneda de cambio de futuras concesiones en favor de la empresa en la negociación del convenio y “en detrimento” de la plantilla. El sindicato también plantea la posibilidad de que la acusada haya prevaricado por el carácter ilegal de la selección”.

TMB defendió que las cuatro personas ya no trabajan en la empresa —agotaron sus contratos— y que se sometieron a las mismas pruebas que pasan todos los que optan a una plaza. “El procedimiento fue correcto. Estos candidatos presentaron su idoneidad. Hemos presentado alegaciones al acta del inspector”, dijo un portavoz de la empresa. El sindicato SIT no comentó la acusación. UGT de metro y autobuses defendió que los familiares de la plantilla de TMB “también tienen derecho” a optar a puestos de trabajo en la empresa pública” y que, en todo caso, fue esta la que “hizo mal el proceso”. Añadieron que la cuarta persona contratada es familiar de un antiguo empleado fallecido, afiliado a CGT. CGT negó que el trabajador hubiera pertenecido a su organización y dijo que, pese a que esa contratación también “estuvo mal”, no figura en la querella porque va sobre tráfico de influencias y el empleado murió “hace tiempo”.