Caso Púnica

Ciudadanos impulsa en Majadahonda una comisión para estudiar la Púnica

La misma formación se abstuvo en septiembre cuando Izquierda Unida (IU) y Somos Majadahonda presentaron una moción para investigar la trama Gürtel y la Púnica

Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega, exalcalde de MajadahondaJulián rojas

Ciudadanos ha impulsado en Majadahonda una moción para crear una comisión de estudio de los expedientes afectados por las tramas Púnica y Gürtel en el Ayuntamiento de este municipio del noroeste de Madrid (70.000 habitantes). A finales de septiembre, la misma formación se abstuvo en esta localidad cuando Izquierda Unida (IU) y Somos Majadahonda presentaron una moción para formar una comisión de investigación de los mismos casos de corrupción.

Zacarías Martínez, portavoz del Partido Socialista en Majadahonda, no entiende el cambio de postura: "Parece que no querían molestar al Partio Popular (PP) en septiembre porque le habían dado la alcaldía hacía poco. Ahora, como estamos más cerca de las elecciones, presentan esta moción. Es una rareza política porque desde nuestro punto de vista es contradictorio".

La moción para crear una comisión de investigación contó en septiembre con los votos a favor del PSOE, de Izquierda Unida y de Somos Majadahonda. La negativa del PP y la abstención de Ciudadanos, que tienen 11 y seis concejales respectivamente de un total de 25, impidió su creación. En  el pleno del 27 de octubre, sin embargo, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Majadahonda votaron a favor de la propuesta de la formación naranja.

En la moción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que Ciudadanos presentó el pasado 21 de octubre, se propone que se proceda a la creación de la comisión de estudio de los expedientes afectados por las tramas Púnica y Gürtel. En la iniciativa de Somos Majadahonda e Izquierda Unida —a la que también ha tenido acceso este diario— se pedía la formación de una comisión de investigación que aclarase la vinculación de la Púnica con el gobierno municipal de Majadahonda, en donde gobierna el PP desde 1989. "Nadie sabe muy bien qué es una comisión de estudio. No existe esa figura y hay que ver de qué se trata y cómo se va a llevar a cabo", dice Martínez.

El portavoz de Ciudadanos en Majadahonda, Alfonso Reina, ha explicado este martes en una nota de prensa que "no se pretende hacer ninguna causa general contra nadie, ni tampoco un juicio paralelo". Reina también ha defendido la actuación independiente de la justicia y ha abogado por ser contundentes con quien haya tenido algo que ver con casos de corrupción en Majadahonda.

Un año después de las detenciones de la trama de corrupción Púnica, ocho Ayuntamientos de la región —la mayoría antes en manos del PP— han abierto o rehabierto comisiones de investigación, con las que pretenden determinar si se cerraron con empresas implicadas en la red contratos que no se atienen a la legalidad. Supuestamente, según el sumario del caso, las firmas pagaban mordidas —por valor del 2% del contrato— a alcaldes a través de la mediación de Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, y de un constructor. Los ocho municipios que han abierto investigaciones son Valdemoro, Móstoles, Madrid, Getafe, Leganés, Alcorcón, Hoyo del Manzanares y Majadahonda.

Villalba retira el recurso contra la sentencia que anulaba el contrato con una empresa de la Púnica

AGENCIAS

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha retirado este martes el recurso que presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que anuló el contrato de eficiencia energética con una de las empresas investigadas dentro de la trama pública, según ha anunciado la alcaldesa, Mariola Vargas (PP).

El PSOE presentó la denuncia contra el contrato en diciembre de 2013. El Juzgado de Instrucción Número 5 de lo contencioso administrativo anuló en septiembre de 2014 el contrato al considerar que había defectos de forma. El Ayuntamiento presentó un recurso contra esa decisión, que ha sido retirado este martes.

El contrato con la empresa en cuestión fue firmado por 15 años y ascendía a 43 millones de euros. La regidora ha detallado que se ha tomado la decisión en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno municipal este mes de octubre.

El portavoz socialista, Juan José Morales, ha asegurado que la decisión se ha tomado porque "previsiblemente mañana era el día" en el que el juez dictaba sentencia y ante "la casi seguridad de que el dictamen iba a ser desfavorable a sus intereses".

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