Romeva garantiza a los funcionarios que no tendrán que desobedecer

El independentismo lanzó ayer un mensaje de calma a los funcionarios catalanes después de que el Gobierno haya anunciado que actuará individualmente contra cualquier persona o cargo que ayude a la estrategia de desobedecer mandatos judiciales o una eventual impugnación del Tribunal Constitucional. El diputado de Junts pel Sí Raül Romeva aseguró que los funcionarios catalanes no tienen nada que temer aunque la Generalitat se plantee no respetar las decisiones del alto tribunal: “Es una resolución política, y los responsables de llevarla a cabo vamos a ser los responsables políticos”, dijo. Según Romeva, los trabajadores públicos quedarán al margen de cualquier actuación o represalia porque, insistió, se trata de un “conflicto político” que no debe judicializarse, dijo en Antena 3.

No es la primera vez que el Gobierno catalán o los partidos que lo apoyan tienen que salir a calmar a los funcionarios. Ocurrió durante la organización de la consulta no oficial del pasado 9 de noviembre. Entonces la estrategia fue que los funcionarios que colaboraron en la organización de la votación lo hicieran en condición de voluntarios y no de trabajadores del sector público.

En otras ocasiones la Generalitat sí ha tenido que ceder en sus pretensiones para que los funcionarios no se vean perjudicados por resoluciones judiciales. Este es el caso de las tres escuelas que han tenido que aplicar las resoluciones judiciales para que se impartieran en castellano un 25% de las clases a petición de alguna de las familias del centro. El cambio de idioma se ha hecho, básicamente, para proteger a los profesores y directores de estos centros.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios se refirió ayer a este asunto al entregar un galardón al presidente del Congreso, Jesús Posada. Mediante una nota, esta central sindical ensalzó la labor “cohesionadora” de los funcionarios “cuando se están cuestionando elementos fundamentales como la unidad y la vertebración de España”. “Debemos recordar que los empleados públicos somos un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las Administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho”, insistió el sindicato.