Madrid Arena: 3 años, 5 muertes y 15 imputados

A partir del próximo 12 de enero, 15 personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la sección séptima de la Audiencia Provincial por el llamado caso Madrid Arena. Las vistas, que se prolongarán hasta mayo, intentarán dirimir quiénes fueron los responsables de la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal de la Casa de Campo durante una fiesta de Halloween, celebrada hace hoy justo tres años. Comenzará así uno de los juicios más esperados tras una instrucción tortuosa y a veces errática, con decenas y decenas de testigos, víctimas y peritos y en la que el número de imputados ha ido variando a lo largo del tiempo.

Las partes ya están avisadas de que el juicio se celebrará en sesiones de martes, miércoles y jueves desde ese día hasta que pasen todos los imputados, los responsables de las distintas empresas que tuvieron que ver con la celebración de esa macrofiesta y los peritos policiales y judiciales. Al ser una cifra alta de personas y numerosas las defensas, los interrogatorios pueden hacerse muy largos y prolongarse durante muchas jornadas.

El juez de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, Eduardo López-Palop, dictó el pasado 21 de abril el auto de apertura del juicio oral. Es decir, daba el carpetazo a dos años y medio de interrogatorios y de pruebas periciales con la imputación de 15 de la treintena de personas que estaban acusadas de la muerte de las cinco jóvenes. A la cabeza de todos ellos está el empresario de la noche Miguel Ángel Flores, que fue el promotor de la fiesta en el Madrid Arena. La investigación policial dejó bien claro que el organizador había vendido 16.791 entradas, pese a que el aforo máximo autorizado por el Ayuntamiento era de 10.620 personas. El número de asistentes al pabellón municipal rondó los 23.000 ya que después hubo reventa y, además, se abrió el portón de carga mientras estaba actuando el dj Steve Aoki.

La tragedia se produjo precisamente a las 03.40 de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 mientras pinchaba Aoki. Miles de personas estaban en la pista central, en la llamada cota cero del edificio. Muchas querían abandonar este recinto mientras otros querían acceder a esta zona. Eso provocó varias avalanchas hasta que se llegó a la mortal en la que perdieron la vida las cinco jóvenes. Cristina Arce y Katia Esteban murieron en el acto, mientras Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso fallecieron a las pocas horas o en días. Tenían entre 17 y 20 años. La causa de la muerte fue aplastamiento. Se tardó cerca de media hora en liberar el vomitorio número 5 y poder rescatar a las víctimas. Aparte de las fallecidas, diez personas resultaron heridas de diversa consideración.

Durante la investigación, quedó demostrado que había una cadena de fallos, de imprudencias y de errores de tal magnitud que desembocaron en la muerte de las cinco jóvenes. Fuera del recinto, se produjo un enorme botellón de unas 3.000 personas que no fueron atajados por la Policía Municipal. La conversación de la responsable policial aquella noche, Cándida Jiménez, llegó a achacar la muerte de las jóvenes “a un mal corte de droga” y, pese a que supuestamente tenía que controlar la zona, no pidió refuerzos en ningún momento a la emisora policial. Esta oficial se ha librado de ser procesada, cosa que no le ha ocurrido al entonces inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. Este dimitió en septiembre del año pasado cuando López-Palop le imputó. El juez le acusaba de no haber evitado ese macrobotellón, pese a no tener ninguna responsabilidad directa en el mismo.

Junto a Flores y Monteagudo, se sentarán en el banquillo de los acusados los máximos responsables las empresas Madrid Espacios y Congresos (Madridec, ya desaparecida y dependiente del Ayuntamiento, que gestionaba el Madrid Arena); de Diviertt, la firma de Flores; de Seguriber, la empresa de seguridad del recinto, y de Kontrol 34, que puso los porteros y los controladores de los accesos. Todos ellos están imputados por cinco delitos de homicidio por imprudencia, para los que les piden una condena máxima de cuatro años de prisión. Destaca Francisco del Amo, que ordenó, según el juez, la apertura del portón por el que accedieron 3.000 personas desde el exterior, y Roberto Mateos, responsable de las cámaras de seguridad que dejó su puesto.

También estarán los médicos Simón Viñals (el fundador del SAMUR) y su hijo Carlos, que tendrán que responder por tres delitos de homicidio por imprudencia. Estos, en especial el primero, no actuaron de forma correcta cuando les llevaron a tres de las cinco chicas a la enfermería del centro. Simón Viñals llegó a decir que solo faltaba que a esas horas les llevaran a tres chicas borrachas. Según el juez instructor, las dieron por muertas sin ni tan siquiera atenderlas de forma correcta.

Eso sí, en todo este entramado no hay ningún responsable político del Ayuntamiento. “La codicia, la negligencia, actuaciones temerarias y la dejación de funciones” desencadenaron estas cinco muertes, según el juez. El Ayuntamiento, bajo gobierno de Ahora Madrid, ha insistido en esta semana que el pabellón es seguro y que puede albergar sin problemas a 10.000 personas. Los familiares de las cinco víctimas han pedido que se cierre de manera definitiva el recinto, en especial Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce. De momento, no lo ha conseguido.