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Visita a la ciudad fantasma judicial de Aguirre 105 millones después

Los diputados madrileños acceden por primera vez a la Ciudad de la Justicia. El rodaje de una película interrumpió a la comitiva, que investiga los sobrecostes

La presidenta de la Comisión de Investigación sobre Endeudamiento de la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en la Ciudad de la Justicia Ver fotogalería
La presidenta de la Comisión de Investigación sobre Endeudamiento de la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en la Ciudad de la Justicia

De camino a la Ciudad de la Justicia, la comitiva oficial de la Asamblea de Madrid hubo de esquivar un conejo. La visita estaba programada dentro de la comisión de investigación sobre el endeudamiento de la Comunidad durante los últimos Gobiernos del Partido Popular. La primera parada trata de explicar un gasto -todavía provisional- de 105 millones de euros en un proyecto diseñado por el Gobierno de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar en ese páramo al norte de Madrid -que ni siquiera localizan los GPS- todas las sedes judiciales de la capital, cada una en un edificio emblemático y cada una también con su arquitecto estrella. Allí se levanta ahora una mole circular de 13.937 metros cuadrados que por primera vez ayer abrió sus puertas a los políticos de todos los partidos.

La investigación que preside la diputada regional de Podemos Lorena Ruiz trata de averiguar si solo fue megalómana, como ha reconocido hasta Esperanza Aguirre, su principal impulsora. O si hubo algo más. Se sabe ya que el proyecto fue presentado 72 veces y que ocasionó viajes pagados con dinero público a Nueva York o Singapur. Que con cargo a la sociedad pública que debía gestionar el proyecto el Gobierno de Aguirre sufragó informes inservibles de hasta 80.000 euros. Y que la gran mayoría de empleados de ese complejo judicial eran jefes, con nóminas de hasta 106.000 euros. Esta mañana de lo que se trataba era de visitar la sede adjudicada al arquitecto Alejandro Zahera con un coste de 21,4 millones de euros, que según la última tasación vale hoy 16,9 para comprobar su estado.

A la entrada en la garita de obra de la finca abandonada entre matorrales y vallas amarillas  esperaban cuatro agentes de seguridad privada -el Gobierno de Madrid paga cada mes 12.075 euros por este concepto-. De anfitrión ejerció un técnico funcionario, José Luis, arquitecto en la Consejería de Justicia. El máximo cargo político del Gobierno de Cristina Cifuentes que se presentó por allí fue el subdirector general de Infraestructuras judiciales de la Consejería de Justicia, Alfonso Vich. Lejos quedan los días de vino y rosas y audis oficiales, de primeras piedras y maquetas donde cada visita institucional era un dispendio. Los diputados llegaron compartiendo utilitarios y transportando a periodistas.

La expedición sirvió para desnudar la infraestructura -una especie de bombo de lotería gigantesco metálico- que en el perímetro de sus cinco pisos debía agrupar las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Las paredes de las distintas estancias son de pladur sin pintar, los ascensores están instalados y un enjambre de cables cuelga del techo. El técnico explica que el grado de ejecución de la obra es del 90 % y los diputados de la oposición se lanzan a preguntar por algunas obras adicionales que encarecieron la factura  -un depósito de agua potable de 60.000 euros- que ayer nadie acertó a localizar o unas escaleras de emergencia, de las que nada se sabe. "No tengo información, el tema del depósito, yo enseño lo que está, no puedo explicarles", se defendía el funcionario, que supo del proyecto por primera vez este verano y al que se avisó el lunes para acompañar a la comitiva.

Entretanto, el cargo público de Cifuentes -que anuló las adjudicaciones de sus antecesores y compañeros de siglas nada más llegar al poder- se disculpaba ante los parlamentarios alegando que a este Gobierno el proyecto le vino dado y que su departamento no conoce todos los detalles. El paseo por el túnel diseñado para albergar las comunicaciones y la energía de todo el complejo incluyó una sorpresa.

En pleno recorrido, la comitiva se encontró con el rodaje de una película y tuvo que interrumpir el paso y bajar la voz para no interrumpir los diálogos de Los del Túnel, una comedia en la que participan Arturo Valls y Raúl Cimas. La anécdota sirvió a los diputados más críticos la metáfora en bandeja. "Es un despilfarro, un aeropuerto de Castellón que se ha quedado para rodar películas", lamentó Eduardo Gutiérrez desde Podemos. "Películas de terror", apostilló el parlamentario de Ciudadanos, César Zafra, el único que acudió encorbatado. Mercedes Gallizo, desde el PSOE prometió que su partido "cotejará todos los gastos con la realidad para seguir pidiendo cuentas y ver si todo lo que se ha gastado está hecho". El parlamentario del PP Juan Antonio Gómez Ángulo fue el más condescendiente con la obra, aunque se ahorró la visita a la última planta y se marchó antes. Ante los medios, se remontó a la construcción del estadio de la Peineta en tiempos del PSOE para defender que algunas obras pueden cambiar de uso y aventuró que eso es lo que puede suceder con el edificio de Valdebebas.

No aclaró qué destino se le puede dar a una sede que tiene instaladas 127 cámaras de conservación de cadáveres y lista para convertir cada una de sus 37 plazas de garaje del sótano en mesas de autopsias móviles para caso de catástrofe. 

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