La CUP denuncia que una contrata de BTV se quedaba parte de los salarios

La CUP de Barcelona ha denunciado este jueves que Antena Local, una contrata de BTV que pertenece al grupo Mediapro, se quedó con parte de los salarios de al menos dos empleados, por lo que ha pedido que se fiscalicen las cuentas del ente público. La productora pagaba cada mes al coordinador y al encargado de montaje del programa El Pla B "más de 1.132 euros menos" de los que declaraba en las facturas que presentaba a la empresa pública, según ha explicado uno de los afectados, Frederic Pahisa.

Ambos descubrieron esta desviación en el juicio celebrado el pasado 5 de octubre por cesión ilegal de trabajadores. En este se vio el caso de cuatro de los alrededor de 60 empleados de contratas de BTV que han denunciado esta situación. La sentencia aún no se ha dado a conocer y el resto de demandantes todavía no han sido convocados a los tribunales. Todos exigen a Información y Comunicación de Barcelona (ICB), la sociedad que gestiona el canal, que los contrate de forma directa y no a través de intermediarios. Consideran que "este modelo [de subcontratación] precariza y vulnera el derecho de los trabajadores desde hace 20 años", según ha afirmado Pahisa.

Fuentes de la sección sindical de UGT en BTV han explicado que no han podido cuantificar el total de dinero desviado: "A partir de 2011, las facturas dejan de ser tan detalladas y no especifican el importe de los sueldos. Pero el presupuesto de El Pla B a lo largo de estos cinco años [el programa se dejó de emitir este verano] ha sido el mismo. Además no es el único programa que lleva esta productora".

Concurso adjudicado

La CUP también ha lamentado que el consejo de administración de ICB haya continuado con el concurso para la adjudicación de los servicios informativos y técnicos de BTV. Uno de los principales argumentos de los demandantes para exigir que se les considere empleados del ente público y no de las contratas es que trabajan en las instalaciones de BTV y utilizan sus equipos. Pero este año, la dirección incluyó en la última licitación la obligación de pagar un cánon de al menos 38.000 euros mensuales por el uso del local y las máquinas. De esta forma, estos contarían como activos de la contrata, aunque en régimen de alquiler. Algo que el comité de empresa tachó de "estratagema para eliminar estas pruebas". El servicio ha sido finalmente adjudicado a la productora Lavinia.