Madrid investiga 91 contratos con la trama Púnica por 50 millones

El pleno aprueba por unanimidad las pesquisas impulsadas por el PSOE Aguirre insta a analizar “hasta el final” la etapa de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón

Madrid - 28 oct 2015 - 13:09CET

El Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha detectado 91 contratos con cinco empresas, por un valor cercano a los 50 millones de euros, que podrían estar relacionados con la trama corrupta investigada por la justicia dentro de la Operación Púnica. El pleno municipal ha aprobado esta mañana una proposición del Partido Socialista, con el voto a favor de Ahora Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos, para “realizar una investigación interna que determine qué contratos suscribió el Ayuntamiento con las sociedades investigadas judicialmente”, y someterlos a “un análisis exhaustivo con el objetivo de comprobar la concurrencia o no de hechos que pudieran ser ilícitos”. En caso de encontrarse indicios sospechosos, se comunicarán a los órganos judiciales y se abrirá una comisión de investigación política en el pleno.

La concejalía de Hacienda, que dirige Carlos Sánchez Mato, ha iniciado ya un sondeo previo de contratos y expedientes relacionados con cinco empresas supuestamente implicadas, según el gobierno municipal, en la trama corrupta: Cofely España (y Elyo Ibérica Servicios Energéticos, con la que comparte datos fiscales), Waiter Music, Grupo Dico Obras y Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Super Cash de Alimentación.

El Partido Popular ha gobernado la capital entre 1991 y mayo de 2015. Han sido alcaldes José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015). Este rastreo se remonta a diciembre de 2005 y llega hasta agosto de 2014. “No existe por el momento constancia de irregularidades, por lo que será necesario hacer una revisión pormenorizada de la documentación para esclarecerlo”, ha señalado el gobierno municipal. Además de los 91 contratos reseñados, hay otros contratos menores (de menos de 50.000 euros en caso de obra y 18.000 en el resto, requieren de requisitos de adjudicación mucho más laxos) también investigados.

Entre esos 91 contratos, “resulta especialmente significativo”, señala el gobierno municipal, el caso de Copisa Constructora Pirenaica, que acumula 43.421.057 euros entre 2008 y 2015; y un expediente de convalidación de gasto a favor del Grupo Dico Obras y Construcciones por casi cuatro millones de euros.

Los 91 contratos “que serán examinados para verificar que todo el proceso de adjudicación y ejecución se ajusta a derecho” y “para depurar, si las hubiera, responsabilidades políticas y penales”, fueron firmados por las concejalías de Obras y Espacios Públicos (ya extinta) y de Medio Ambiente y Movilidad; por las Juntas de Distrito de Centro, Ciudad Lineal y Villaverde; por el organismo Madrid Emprende; y por la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

El PSOE, cuya portavoz municipal es Purificación Causapié, señaló a la hora de presentar su petición de investigación cinco contratos: Cofely España, filial de la multinacional francesa GDF Suez, se hizo en 2012 con el mantenimiento de los edificios de Madrid Emprende por un importe de 101.217 euros, a los que se sumaron otros 20.647 por otro inmueble en la calle de Bailén. Ese mismo año obtuvo un contrato de servicios en las instalaciones deportivas de distrito por 101.651 euros. Y, en 2014, asumió el mantenimiento del sistema de control de las instalaciones de la EMT en Sanchinarro y Carabanchel por 18.150 euros.

Respecto a Waiter Music, se encargó de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en 2013 y 2014 (por 55.660 y 58.876 euros, respectivamente). El juez instructor, Eloy Velasco, investiga si la trama se enriqueció con comisiones pagadas por Ayuntamientos a esta empresa, que organizaba festejos en la región.

Hasta el momento, no hay ningún concejal, exconcejal o alto cargo municipal de la capital imputado en la Operación Púnica. El juez sí considera que el anterior Gobierno regional, dirigido por Ignacio González (PP), amañó supuestamente contratos a favor de la trama; y ha imputado a dos exconsejeros regionales (Salvador Victoria y Lucía Figar).

Aguirre, sobre la etapa de Gallardón y Botella: “Que se investigue y hasta el final”

La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, ha votado a favor de la investigación (que atañe a los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella) sin “ningún problema”. Aguirre ha explicado: “Si hemos cometido errores administrativos, pedimos disculpas por ello. Y si lo que ha habido es incorrecciones o, digamos, algo más, delitos o apropiaciones indebidas, queremos que esos señores vayan a la cárcel. Por tanto, que se investigue y hasta el final. En este caso, no tenemos ninguna duda de que no ha ocurrido nada porque esos contratos ya fueron a la comisión municipal de vigilancia de la contratación y ni el PSOE ni Izquierda Unida ni UPyD dijeron nada entonces”.

El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha agradecido esta mañana al PSOE que haya pedido una investigación “imprescindible para la salud democrática”, y ha fundamentado su apoyo “en la necesidad de levantar alfombras” pese a que “haya gente interesada en correr un tupido velo”. "Yo también creo en la reinserción", ha añadido una vez sabido que el PP iba a apoyar también la proposición.

La líder municipal socialista, Purificación Causapié, impulsora de la iniciativa, ha recordado que las empresas de la trama, y en especial Waiter Music, contrataban asiduamente gracias al que fuera ‘número dos’ de Aguirre en el PP entre 2004 y 2011, Francisco Granados. “Pedimos una investigación objetiva y clara. No vamos a permitir la impunidad, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ha sucedido y si con su dinero se han podido financiar campañas electorales” del PP, ha añadido Causapié. “Cuando se financian ilegalmente campañas electorales, se altera algo tan sagrado como la democracia”, ha concluido.

Por último, la concejal Silvia Saavedra, de Ciudadanos, ha señalado que “se debe colaborar con la administración de la justicia pero no a lo loco”, aunque ha añadido que su grupo “adoptará todas las medidas necesarias para que esos delincuentes acaben en la cárcel”.

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