La Fiscalía archiva la denuncia contra Àngel Ros
El ministerio público no puede demostrar corrupción en la gestión del alcalde de Lleida
El Fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha archivado la causa abierta contra el alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, por las presuntas infracciones denunciadas por la que fuera su mano derecha, la exprimera teniente de alcalde Marta Camps. Maldonado sobresee la causa al entender que no se ha podido demostrar que Ros haya cometido ningún hecho delictivo.
Camps denunció en diciembre de 2014 ante la Fiscalía que el alcalde de Lleida estaba realizando un uso incorrecto de fondos públicos. La exprimera teniente de alcalde aportó documentación en la que mostraba cómo se había gastado diferentes cantidades de dinero en gastos protocolarios y dietas del propio Ros e informes donde se aseguraba que se había condonado una deuda a una discoteca.
La victoria de la verdad
Después de practicar las diligencias oportunas y de interrogar al alcalde de Lleida, el Fiscal anticorrupción considera que no hay indicios suficientes como para imputar a Ros. Ayer el Paer en Cap aseguró que la decisión de la fiscalía “ratifica su honorabilidad personal, la legalidad de la actuación municipal, de los procesos administrativos, de nuestras políticas y de nuestra transparencia que se ha puesto en duda los últimos meses”. “No es mi victoria, es la victoria de la verdad, de la transparencia y de las personas de buena fe, es el triunfo de las buenas personas”, asegura Ros.
El alcalde de Lleida sale reforzado en la crisis abierta en el PSC de Lleida tras la denuncia de Camps. La exprimera teniente de alcalde quedó fuera de las listas electorales municipales del PSC el pasado mayo y los socialistas acordaron recientemente su expulsión del partido al considerar un hecho muy grave denunciar al presidente de los socialistas catalanes.
Camps ayer mantenía “que Ros ha tenido actitudes poco éticas con los gastos públicos”. La exprimera teniente de alcalde asegura que gracias a sus denuncias se conocieron las facturas de protocolo o “el sobresueldo que el propio alcalde reconoció en el pleno y siempre había negado”. “Lamento que el fiscal no haya podido demostrar que sea delito pero en política y en la gestión pública no todo se soluciona con la ley, también hay que mantener una conducta ética irreprochable”, asegura.
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