El Ayuntamiento duda que el Atlético pueda mudarse a La Peineta

El conflicto entre los anteriores gobiernos local y regional, del PP, paraliza la concesión de licencias y arriesga a una indemnización multimillonaria

Obras en el estadio de La Peineta el pasado marzo.
Obras en el estadio de La Peineta el pasado marzo.Luis sevillano

El Ayuntamiento de la capital, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha puesto esta mañana en duda la “viabilidad real” del traslado de Atlético de Madrid al estadio de La Peineta, y ha dejado en el aire ("es imposible hacer estimaciones") la fecha de finalización de las obras y de la mudanza, prevista por el club de fútbol para junio de 2017. El motivo, tal y como adelantó EL PAÍS, es el enfrentamiento entre los anteriores gobiernos municipal y regional (ambos, del Partido Popular) sobre los costes urbanísticos de la operación para el club, lo que llevó en primavera a la retirada del planeamiento previsto. Eso impide ahora, entre otras medidas, conceder licencias necesarias para finalizar la obra. En el aire está, en caso de que el Atlético no pueda concluir su mudanza, una indemnización a cargo de las cuentas públicas superior a los 200 millones de euros.

El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular), presentó en julio de 2004 el proyecto para convertir el campo municipal de La Peineta en estadio olímpico. Para asegurarse de que la instalación tuviera uso después de los Juegos (que la capital nunca consiguió organizar), Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el Atlético para que abandonara el estadio Vicente Calderón y se mudara al nuevo campo construido en una parcela municipal del distrito de San Blas. La fecha prevista para ese traslado era 2012, aunque fue retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la crisis económica, hasta fijarse en junio de 2017. 

Aquel convenio obligaba al Atlético a comprar o alquilar el suelo donde se iba a levantar La Peineta —el antiguo estadio que había ya construido se valoró en cero euros por su “importante estado de deterioro”, y se acordó su derribo—. La parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados, fue tasada en 41,2 millones de euros. El club debía además construir el nuevo campo, con 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) y valorado en 195 millones. 

El convenio acordó entregar al club la parcela municipal de San Blas en régimen de concesión hasta abril de 2017 para efectuar las obras. Una vez finalizadas éstas, el Atlético podría comprar la parcela y convertirse así en propietario de su estadio. El precio estipulado en el convenio ascendía a 41,2 millones de euros, pero recientemente se actualizó mediante una tasación a 44,5 millones. A esa cantidad hay que descontarle 4,4 millones por la instalación en la parcela de una base de los servicios de emergencia municipales; y 6,2 millones abonados ya al Ayuntamiento por el club mediante la entrega de 126.395 entradas para partidos de fútbol entre 2009 y 2014 (una fórmula prevista en el convenio). 

Pero, para formalizar la venta de la parcela municipal al Atlético, era necesario antes cambiar el planeamiento urbanístico; el terreno estaba calificado como de uso público deportivo, y por tanto no podía ser enajenado. La modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento la convertía en suelo deportivo de uso privado, pudiendo ser adquirida así por el club. Pero a la hora de aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del ámbito de La Peineta, el Ayuntamiento se encontró con que el Gobierno regional discrepaba sobre las cargas urbanísticas que debía abonar el club. Según los cálculos de la Comunidad, el precio se elevaba a 78 millones, casi el doble de lo acordado con el Ayuntamiento. El Atlético decidió entonces paralizar la operación urbanística. 

Tal y como ha explicado esta mañana el gobierno municipal (desde junio, en manos de Ahora Madrid) respondiendo a una pregunta de la concejal socialista Mercedes González, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana fue aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento a inicios de 2015, y en febrero fue remitida a la Comunidad de Madrid para su validación. Pero el Gobierno regional, entonces en manos de Ignacio González y ahora de Cristina Cifuentes (ambos, del Partido Popular), “mostró su desacuerdo con la propuesta municipal en lo relativo a las medidas compensatorias que se fijan en la Ley del Suelo por la desafectación de 88.000 metros cuadrados”. “El Ayuntamiento contestó que en ningún caso se producía la supresión de una dotación porque se mantenía como equipamiento deportivo privado, y consideró que no era necesaria esa compensación. Pero, ante el mantenimiento del criterio de la Comunidad, el Ayuntamiento reclamó el expediente para su estudio”, ha añadido el gobierno municipal hoy. 

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Queda pendiente de otorgar la licencia de cubierta y urbanización complementaria pero, “en ese marco urbanístico, es inviable” concederla. Por tanto, según el gobierno municipal “es imposible hacer estimaciones ciertas tanto sobre la finalización de la obra como sobre el traslado”. “Resulta necesario, de cara a clarificar la actuación del Ayuntamiento una vez que se han producido los cambios políticos correspondientes tanto en la concejalía de Desarrollo Urbano como en la consejería regional de Medio Ambiente, concertar entre ambas instituciones cuál es la viabilidad real de la modificación urbanística y estudiar las circunstancias, compromisos y plazos”, ha concluido el gobierno local esta mañana.

El convenio firmado en 2009 prevé dos alternativas en caso de que el Atlético no pueda hacerse en propiedad con la parcela. La primera es que se mude a La Peineta en régimen de alquiler: el estadio sería municipal, y el equipo pagaría un canon anual de 1,6 millones durante los próximos 75 años. Esta opción ha sido descartada por el club. La otra opción es que se quede en el Calderón y sea indemnizado por el Ayuntamiento por la construcción del estadio con una cantidad que superaría los 200 millones. El club apuesta por hacerse con la propiedad del estadio, pero tiene la sartén por el mango en esta negociación política, que tiene una fecha límite: finales de 2016.

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