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Colau suma a ERC y la CUP para eliminar los símbolos monárquicos

El Ayuntamiento aprueba, de forma inicial, que se decida por mayoría absoluta

Clara Blanchar
Los operarios retiran el busto de Juan Carlos I de la sala de plenos.
Los operarios retiran el busto de Juan Carlos I de la sala de plenos.Massimiliano Minocri

El gobierno de Barcelona que encabeza Ada Colau continúa con las actuaciones que permitan eliminar la presencia de simbología monárquica del salón de plenos del Ayuntamiento. La alcaldesa ha dado este miércoles un paso más en la comisión de Presidencia, donde se superó uno de los trámites con 19 votos a favor (los del ejecutivo, ERC y la CUP), ocho en contra (Ciutadans y PP) y 14 abstenciones (CiU y PSC). Se trata de modificar el artículo 75 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), en el que no se menciona la simbología del ayuntamiento y que ahora se pretende regular para que se decida por mayoría absoluta. El equipo de gobierno defiende la preferencia de la legislación municipal sobre la estatal en esa materia.

El artículo 75 solo habla de la duración que tendrán los plenos (un día) y de la potestad del alcalde para interrumpir las sesiones y puedan deliberar los grupos municipales. El equipo de gobierno pretende modificar el redactado para introducir dos cuestiones que considera trascendentales: que los plenos se puedan celebrar fuera del Ayuntamiento, si lo decide la alcaldesa, y que la simbología del salón de plenos se acuerde por mayoría absoluta de los concejales.

La votación de este miércoles retoma una iniciativa del pasado mes de julio, cuando el ejecutivo municipal retiró la imagen del rey Juan Carlos I y la guardó en una caja de cartón. El gobierno de Colau argumentó entonces que la presencia del busto del padre del actual rey, Felipe VI, suponía una “anomalía” porque es obligatoria por ley la presencia en la sala de plenos del actual jefe de Estado. La efigie retirada no fue reemplazada por la del actual monarca y en septiembre el consistorio explicó que buscaba una salida “consensuada” a la cuestión que se concretaba en modificar el Reglamento Orgánico Municipal.

El reglamento estatal que data de 1986 obliga a que en los salones de plenos de todos los consistorios españoles figure una efigie, pictórica, fotográfica o en busto del jefe del Estado. El Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, considera que se trata de una “norma interpretable” y que Barcelona “tiene una larga tradición republicana que no está suficientemente reconocida por razones ajenas a la ciudad.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, volvió a defender ayer que la legislación municipal debe tener “aplicación preferente” sobre el reglamento estatal sobre la simbología en los plenos. El edil reivindicó la “autonomía municipal” y subrayó que la propuesta de modificación del ROM que se pretende introducir alude a la presencia en la sala de plenos de una simbología que “responda a la singularidad histórica y de capitalidad de Barcelona y a los principios democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad”. En este sentido, Pisarello considera que “resolver una anomalía y abrir un debate sobre la simbología es cuestión de higiene democrática”.

La retirada del busto de Juan Carlos I fue seguida el pasado mes de julio por el anuncio de dos encargos: un informe de toda la simbología monárquica existente en el edificio consistorial y la realización de un inventario del nomenclátor como de las esculturas de la ciudad que se pretende que esté listo a finales de año.

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Por otro lado, la propuesta de sacar los plenos del edificio consistorial responde a la pretensión de Colau de acercar la actividad política a los barrios. Se haría “por causas de fuerza mayor o interés general en otro equipamiento”, afirma la propuesta. La idea gusta a los grupos, aunque cuestionan que sea la alcaldesa quien lo decida y no lo pueda hacer un grupo.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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