“Me cansé de pedir que se agilizase la disolución del Campus de la Justicia”

El apoderado entre octubre de 2011 y febrero de 2013 del Campus de la Justicia, 100% pública y dependiente de la Comunidad de Madrid en la que los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP) despilfarraron 105 millones de euros, ha denunciado hoy la desidia del Ejecutivo madrileño, que pese a sus constantes peticiones retrasó la disolución de la sociedad. "Tras las elecciones de 2011, nadie quería saber del Campus de la Justicia. Todo el mundo se ponía de perfil", ha declarado Javier Rodríguez en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid. "Me cansé de dar con los nudillos en las puertas para que se agilizase su disolución", ha afirmado el apoderado, que durante su mandato despachó con dos consejeros de Presidencia: Regina Plañiol y Salvador Victoria.

Rodríguez, que tras año y medio cesó en el cargo -"no toleraría nada [irregular] y así me va. El PP me ha tenido tres años en un chiscón sin trabajo ni nada", ha cargado el apoderado-, ha recalcado que en "repetidas ocasiones" insistió en avanzar en el proceso de la liquidación de la sociedad. Para ello se debían aprobar las cuentas de 2010 a 2012. El Consejo de Administración planteó "reformular" las cuentas, ha reprochado el apoderado.

"Faltaba un plan general, se aportaban recursos cada poco tiempo. No era manera de llevar una sociedad de esa envergadura. ¿Qué tengo seis millones en tesorería? ¡Pues una ampliación de capital!", ha puesto de ejemplo el apoderado. Rodríguez ha apuntado que, antes de la disolución del Campus, decidida en verano de 2012, se barajó la fusión con la empresa pública Arproma (Empresa Pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad) o con otra sociedad mercantil similar. "Esa decisión no se tomó hasta septiembre de 2012. Arproma no quería [la fusión] y la decisión de liquidación se retrasó", ha indicado Rodríguez. Excepto en su primer año de funcionamiento, el Campus de la Justicia no rindió cuentas en plazo. La Comunidad aprobó en julio de 2014 liquidar la empresa pública que iba a promover el campus. La extinción de la sociedad fue efectiva en febrero de 2015.

Cuando el apoderado, que ha comparecido voluntariamente, llegó al puesto, la sociedad no tenía grandes contratos. "No se firmaba nada, la sociedad no tenía actividad", ha resaltado el apoderado. En su etapa, se limitó a firmar contratos para la gestión diaria (auditores, Seguridad social y otros contratos menores) y se centró en la reducción de gastos. En la colocación de la primera piedra del complejo, acto que costó 1,4 millones y que presidió Aguirre, estaba presente "todo el mundo jurídico", ha indicado el apoderado. La Comunidad llegó a afirmar que el proyecto sería de coste cero. El año pasado la Comunidad retomó el proyecto, en una tercera versión. Esta vez lo formuló como una adjudicación a 30 años por 1.752,5 millones. La actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, suspendió la concesión.

Rodríguez ha querido dejar claro que no manejó el contrato con Norman Foster: de los 13,7 millones, se pagaron más de 10 millones, siempre antes de que llegase el apoderado. Además, al arquitecto le correspondería legalmente un lucro cesante del 10%. Esto es, que debería haber cobrado por este concepto unos 200.000 euros. "El proyecto estaba sobredimensionado... La relación de arquitectos da vértigo, entiendo que podría haber un edificio singular, pero no todos", ha apostillado el apoderado, cuestionando la megalomanía del proyecto. De los 15 edificios ideados, solo se construyó el Instituto de Medicina Legal. El complejo, para el que se reservó una superficie de 200.000 metros cuadrados en Valdebebas, al norte de la capital, pretendía aglutinar las 19 sedes judiciales de Madrid.

Ángel Garrido, el consejero de Presidencia y Justicia y número dos de Cifuentes, ha señalado que quedan pendientes dos reclamaciones de dos arquitectos que trabajaron en el Campus de la Justicia. Garrido se ha comprometido a dejar a disposición de todos los grupos la información del Campus de la Justicia en la consejería. "Si algo se ha perdido, se habrá perdido ya", ha expresado, en relación a la opacidad que caracteriza a la sociedad Campus de la Justicia. "Si yo supiera que se han encargado estudios ficticios, yo habría ido al juzgado de guardia. no hagamos afirmaciones gratuitas de esa naturaleza", ha zanjado Garrido.

"Hagan las comparecencias de todos los que puedan, entre todos nos acercaremos a la verdad", ha recomendado el apoderado a los miembros de la comisión como apunte final.