Incomprensión

No comparto la decisión política del gobierno del PP ni de su Fiscalía General de imputar a miembros del Gobierno catalán por desobedecer las órdenes de la prohibición del Tribunal Constitucional de la organización de la consulta del 9-N. Es una decisión política, que no judicial, que se enmarca en la lucha, necia, entre dos nacionalismos y, como es preceptivo en esta ideología, la necesidad de llegar al enfrentamiento total sin saber qué emergerá después de tanta locura política.

Las manifestaciones y concentraciones de la semana pasada, delante del Palacio de Justicia de Barcelona, en apoyo a los miembros del Gobierno catalán imputados por desacato me producen una gran tristeza. Los gestos, las palabras, las banderas, los bastones de mando, todo huele a adhesiones que creíamos desaparecidas de nuestra vida política. La fotografía de Gianluca Battista, publicada en la portada de EL PAÍS el 16 de octubre parece una muestra de afección a un régimen y a su líder: el presidente Artur Mas, arropado por miembros del Govern, de pie sobre las escalinatas del Palacio de Justicia con los cuatro dedos, formando la bandera catalana, sobre el corazón, mirando al horizonte y, a sus pies, centenares de personas, algunas con la vara de alcalde en una mano y en la otra, el teléfono móvil inmortalizando la escena. Cierro los ojos y siento una profunda indignación ante tanta sinrazón.

¿Qué hacían los alcaldes y concejales, representantes de la ciudadanía, dando apoyo a una ideología y a un político que ha manipulado en su beneficio el movimiento popular independentista? ¿Cómo se atreven, en nombre de todos nosotros, a usar el poder popular contra una institución como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Es difícil de entender que representantes populares se enfrenten y presionen al poder judicial. Sólo es comprensible en una sociedad abducida, que ha dejado la razón de lado y se rige por el estómago, bien alimentado por las descerebradas decisiones políticas de los nacionalistas del PP. Señores alcaldes: ni Mas, ni Rigau ni Ortega son Cataluña. Así que, mejor, quédense en sus pueblos y ciudades y usen la vara para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de sus conciudadanos. Dejen de izar banderas que no representan al país y gobiernen para todos, también para los que no sean fieles a Mas y su proceso.

Además, también me pregunto ¿qué hacían los centenares de personas (seguro que entre ellos maestros y profesores, también padres de alumnos) detrás de la consellera de enseñanza Irene Rigau, que se ha pasado cuatro años destrozando el sistema educativo público? Ha eliminado millares de puestos de trabajo, ha recortado y suprimido subvenciones al transporte escolar, a las becas comedor, a las becas para libros, ha cerrado aulas de acogida, ha dejado de subvencionar las guarderías, ha potenciado la Religión en la escuela y ha hecho poco contra la elitista ley Wert a excepción de proteger nuestra lengua, cosa que comparto.

Señores alcaldes: ni Mas, ni Rigau ni Ortega son Cataluña. Así que, mejor, quédense en sus pueblos y ciudades y usen la vara para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de sus conciudadanos

No entiendo cómo puede haber tanta gente que sale de su casa para vitorear a esas personas, cuando esa misma semana, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión (AROPE) publica un informe demoledor donde afirma que en un año ha aumentado dos puntos la pobreza, que en este momento afecta a un 22% de nuestra población. Casi 1.600.000 catalanes están en el umbral de la pobreza y de éstos, unos 470.000 (6,3%) padecen pobreza severa. Con estos datos, con la corrupción que invade al Gobierno, con las decisiones privatizadoras que toman, soy incapaz de comprender esas muestras de apoyo.

Y, por último, ante tantas presencias no puedo entender algunas ausencias: el pasado viernes, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, con tres de sus ministros, inauguró en Rivesaltes el Memorial en recuerdo a las 60.000 personas que fueron confinadas en ese helado e insalubre campo. Unas 20.000 eran españolas y catalanas, huían del fascismo franquista, y algunas de ellas terminaron en el campo de exterminio de Mauthausen, gracias a la colaboración de la Francia de Pétain. El Gobierno español envió al cónsul en Perpinyà y el Gobierno catalán envió a la consellera de Governació. Mas y Rajoy no fueron, insultando una vez más a las víctimas del fascismo. Mientras, los alcaldes daban brillo a sus varas y las devolvían a sus vitrinas a la espera de otro “día histórico”.

]Joan Boada Masoliver es profesor de Historia