Mas desautoriza al consejero que cuestionó el pacto con la CUP

El posible pacto de Junts pel Sí con la Candidatura d'Unitat Popular provoca recelos entre los sectores más moderados de Convergència, que ven como la formación radical puede marcar el plan de Gobierno. Lo verbalizó el lunes el consejero de Empresa, Felip Puig, y este martes fue descalificado por la portavoz y vicepresidenta, Neus Munté. Puig es una de los convergentes más cuestionados por CUP por la dureza exhibida contra los manifestantes cuando fue consejero de Interior.

Puig, en un encuentro con empresarios, expresó su preocupación por las negociaciones. Sostuvo que Junts pel Sí debía fijar “líneas rojas” para que el programa económico del futuro Gobierno no dependa de la CUP, lo que provoca recelos entre el empresariado. “He constatado que el modelo económico de Junts pel Sí y el de la CUP son muy diferentes, en algunos aspectos incompatibles”, dijo Puig, que mencionó una hispótesis de la que intentan rehuir ambas formaciones: que el fracaso de las negociaciones obligue a convocar elecciones en marzo. El consejero avisó de que, en caso de que esto sucediera, el Ejecutivo está preparado para trabajar cuatro meses más.

Las palabras no han sentado nada bien en Junts pel Sí, que intenta preservar las negociaciones del ruido externo. Tampoco gustaron en el Gobierno de Artur Mas. Tras la reunión semanal de cada martes, en la que participó Puig, la vicepresidenta Neus Munté desautorizó en público al consejero, en un claro mensaje de concordia hacia la CUP. “La única línea roja es no cumplir con el mandato del 27-S y no hacer todos los esfuerzos posibles para gobernar con una mayoría independentista”, dijo.

Ninguna de las tesis expuestas por Puig fue valorada por la portavoz del Gobierno, que como toda concesión evitó concretar si los consejeros trabajan con la hipótesis de alargar el mandato hasta la primavera, obligados por la falta de acuerdo: “El Gobierno conoce perfectamente los calendarios, deseamos que las conversaciones avancen en la buena dirección y esto permita arrancar la nueva legislatura”, se limitó a decir.

Pese a que las negociaciones siguen sin avances en lo que más divide a ambas formaciones —la investidura de Mas— Munté es optimista. “Dificultades hay, es evidente que sí, pero no creemos que el acuerdo sea imposible”. Todos los actores coinciden en que no habrá pacto hasta después del 20-D, aunque Junts pel Sí y la CUP esperan lograr avances en el programa antes de los comicios.

Raül Romeva, cabeza de lista de la coalición vencedora y uno de los negociadores, es optimista. El candidato se sumó al rechazo a Puig, destacando las coincidencias con la candidatura anticapitalista. El único apoyo público que recibió el consejero crítico fue el de los antiguos socios de Unió, con quién discrepó a menudo durante su época de secretario de organización de CDC. El democristiano Ramon Espadaler fue claro en Twitter: “Conviene que se imponga la tesis de Felip Puig de no pactar con la CUP”.

El actual consejero de Empresa, un histórico en CDC que ha perdido peso político en los últimos años, es uno de los que más rechazo genera en la CUP, por su gestión al frente de Interior en la anterior legislatura. La formación responsabiliza a Puig de las actuaciones de los Mossos bajo su tutela. Durante su mandato, entre otros incidentes, Ester Quintana perdió un ojo por una bala de goma de la policía autonómica (que Puig siempre negó) y los indignados fueron desalojados de plaza Cataluña con extrema violencia. Uno de los que denunció agresiones fue el anterior líder de la CUP, David Fernández. El actual, Antonio Baños, le dedicó entonces una canción en el que le tildaba de “sheriff brutal”. Su opinión no ha cambiado mucho: el diputado electo señala a Puig, junto al consejero de Sanidad Boi Ruiz, como los peores gestores del actual Gobierno.