Madrid litigará para librarse de las ‘cláusulas suelo’ en la deuda municipal

El Ayuntamiento de la capital, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha encargado a sus servicios jurídicos que inicie acciones legales, si es viable hacerlo, para rescindir los contratos de instrumentos derivados (en inglés, swaps) firmados por el Partido Popular en la última década.

Esas operaciones de cobertura de riesgo protegen al Ayuntamiento en caso de una fuerte subida de los tipos de interés, pero, al mismo tiempo, ejercen de cláusula suelo que impide aprovechar un Euribor cercano al 0%. Según el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, desde 2011 hasta el pasado mes de agosto tuvieron un coste de 247 millones para las arcas públicas. Pero, como son contratos blindados, cancelar estas operaciones supondría un pago de 402 millones de euros, por lo que el gobierno municipal “considera necesario estudiar vías legales para rescindirlos”.

A 1 de enero de 2015, el Ayuntamiento debía 5.774 millones de euros, que pretendía reducir a 4.924 millones a 31 de diciembre. De esos 5.774 millones, 4.649 millones correspondían a préstamos y créditos, mientras que 1.010 millones estaba en emisiones de obligaciones a 10,15 o 30 años realizadas entre 2006 y 2008. Los swaps cubren el 90% de los préstamos con interés variable.

Según Sánchez Mato, hay precedentes de recursos judiciales ejecutados para librarse de estos contratos con éxito, que incluso han permitido en ocasiones recuperar el dinero detraído durante su periodo de aplicación. El concejal de Hacienda ha recalcado que los swaps fueron prorrogados en 2011, cuando el Euribor a seis meses cotizaba por debajo del 1%; la protección servía entonces, por ejemplo, para casos en los que el tipo de interés superara el 4,5%. “Estábamos haciendo una apuesta y hemos perdido”, ha concluido. Entre 2003 y 2011, gobernó la ciudad Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

"Impertinentes, inoportunas y crueles"

Este blindaje financiero le ha servido además a Sánchez Mato para desestimar las críticas del Partido Popular sobre su decisión de no prorrogar los contratos vigentes con agencias de calificación cuando expiren en diciembre. El PP ha cargado esta mañana contra estas agencias internacionales, a las que ha acusado de ser “impertinentes” con sus preguntas “inoportunas” y “crueles”. Pero, aun así, ha conminado al Ayuntamiento a retractarse en su decisión de prescindir de sus servicios.

Según el concejal José Luis Moreno (PP), “son la única alternativa para hablar con los inversores”. “Permítanos que alguien externo nos evalúe porque al final tendremos un disgusto”, ha conminado a Sánchez Mato. Tanto el Partido Socialista como Ciudadanos han respaldado al PP en esta petición; para el PSOE, la decisión de Sánchez Mato es “precipitada” y “preocupa” por sus “repercusiones en la imagen exterior”.

Sánchez Mato ha reiterado esta mañana que el Ayuntamiento no renovará los contratos con las agencias de calificación una vez que éstos expiren a final de año, que cuestan 107.000 euros por ejercicio a las arcas públicas. “No estamos diciendo que no opinen de nosotros, sino que nos negamos a pagar por ello un dinero que puede ser más útil en otras cosas, hay dinero que es mejor no gastar aunque sea poco cuando no tiene ninguna utilidad para los ciudadanos”, ha defendido el concejal de Hacienda. Entre los motivos aducidos para respaldar su decisión, el principal es que el Ayuntamiento no tiene previsto emitir nueva deuda, por lo que no precisa de calificación en los mercados internacionales.

Madrid mejora su calificación

El Ayuntamiento dejará así a partir del año que viene de estar auditado por las agencias Standard & Poor's y Fitch, una vez expiren los servicios contratados en 2002 .Las agencias de rating califican a los países de manera automática, pero no así a los Ayuntamientos o las Comunidades Autónomas, que tienen que pagar por este servicio. El gobierno municipal abona 50.469 euros a Fitch y 56.482 euros a S&P cada año. “Gracias al insoportable trabajo con estas empresas”, ha señalado José Luis Moreno (PP) esta mañana, “esos informes son usados por los inversores que no hablan tu idioma ni comprenden tus cuentas”.

En la última valoración, realizada en septiembre, S&P calificó la deuda de Madrid como BBB/A-2; rebajándola de “muy fuerte” a “fuerte”. Además, añadió un matiz sobre las previsiones económicas de la ciudad que pasaron de estable a negativa, y amenazó con calificar la deuda de Madrid como bono basura debido a los “inciertos efectos” que podría tener la auditoría a las cuentas públicas anunciada por el gobierno municipal. Una vez conocida ya la decisión del Ayuntamiento de no renovar los contratos, S&P elevó la calificación de Madrid a BBB+/A-2 con perspectiva negativa, aunque, tal y como ha admitido hoy Sánchez Mato, fue por la mejora general de la situación económica internacional y española, y no por las particularidades de la capital.