Los testigos dicen que la Generalitat no frenó el 9-N tras el veto del TC

La Generalitat permitió que la consulta del 9-N siguiera adelante después del veto del Tribunal Constitucional (TC) e incluso siguió impulsándola. Así se desprende de las declaraciones de este lunes de cinco testigos en la causa, que contrastan con las prestadas la semana pasada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau. Los tres cargos, imputados por un delito de desobediencia, afirmaron entonces que tras la prohibición del alto tribunal (el 4 de noviembre) la consulta quedó en manos de los “voluntarios” y el Gobierno catalán se desentendió.

Dolores Agenjo, la única directora de un instituto público que se negó a ceder el centro como local de votación, explicó que intercambió media docena de llamadas con un cargo del Departamento de Enseñanza. La directora de servicios territoriales, Montse Llovet, la llamó para saber si pensaba ceder las llaves del IES Pedraforca, en L’Hospitalet, para la jornada participativa. Agenjo se negó a hacerlo sin una orden expresa y ayer, en su declaración de una hora ante el juez, afirmó que se sintió “presionada” por las llamadas del departamento. Agenjo –que fue en las listas de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas- lamentó que Enseñanza no le apoyara cuando recibió “amenazas” por su actitud después de la consulta.

Daniel Fernández, administrador de la empresa Focus, también dio explicaciones por haber organizado el centro de prensa de Barcelona desde el que la exvicepresidenta dio los resultados. Fernández admitió que el encargo –valorado en 150.000 euros- se hizo antes de que la jornada de participación fuera prohibida y que formaba parte de un contrato marco anual con la Generalitat. Pero matizó que la Generalitat hizo algunas peticiones concretas para el montaje (un atril, conexión a internet) con posterioridad a la fecha clave del 4 de noviembre.

La empresa que montó la sala de prensa para informar del resultado recibió encargos tras el veto del Constitucional

Por el Palacio de Justicia también desfiló quien fue máximo responsable logístico del 9-N y número dos de Ortega en ese cometido, Joan Cañada. Tras el 4-N, la web informativa creada por la Generalitat (participa2014.cat) siguió en funcionamiento. Cañada argumentó que “no tenía sentido” eliminar la página porque estaba alojada en multitud de servidores y matizó que, desde ese día, “no se actualizó” su contenido. El testigo defendió que el veto del TC generó “dudas”, pero que el Gobierno estaba pendiente de una aclaración. A partir de ese día, añadió, realizó “tareas de supervisión” del proceso con la vicepresidenta Joana Ortega.

El 9-N se instalaron en los centros de votación 7.000 ordenadores para gestionar la consulta. El software se instaló en los equipos “entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre”, agregó el responsable técnico del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Jordi Escalé. Los equipos estaban ya entonces en manos de empresas homologadas por el CTTI, que se encargaron posteriormente de la distribución de los ordenadores. Escalé agregó que no se detuvo la distribución porque nadie le dijo que lo parara y porque “ya estaba todo hecho”. El responsable reconoció que estuvo de guardia el 9 de noviembre de 2014, pero no por la consulta, sino por los “ataques informáticos” a la web de la Generalitat.

La directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), Elisabet Abad, explicó por su parte que los presos elaboraron las urnas en las que se votó el 9-N mediante tres convenios firmados mucho antes del 4-N. La confección de las urnas terminó el 30 de octubre. Éstas se distribuyeron unos días más tarde