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Rigau y Ortega descargan en los “voluntarios” la consulta

Las consejera y la exvicepresidenta niegan haber desobedecido al Tribunal Constitucional

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, buscaron ayer un difícil equilibrio para salir airosas de su declaración como imputadas. Por un lado, defendieron que la consulta del 9-N era un mandato del Parlament y que, como dirigentes políticas, lo asumieron. Por el otro, negaron haber cometido el delito de desobediencia del que se les acusa porque nunca recibieron una prohibición expresa del Tribunal Constitucional para dejar de organizar nada. Alegaron, además, que una vez se consumó el veto, la organización del proceso participativo quedó en manos de los voluntarios.

Rigau y Ortega subrayaron que el 29 de septiembre —cuando el Constitucional vetó el primer referéndum previsto por la Generalitat— el Ejecutivo “paró máquinas”. El 14 de octubre, recordaron, Artur Mas puso en marcha un “proceso de participación” cuya naturaleza, detallaron al juez, era muy distinta. Buena prueba de ello, adujo Rigau, es que en Madrid se “reían” de la consulta y la equipararon a una “botifarrada”.

El Gobierno catalán no frenó la consulta, coincidieron de nuevo, porque no había nada que frenar: el proceso estaba ya en manos de los “40.000 voluntarios” (la cifra la dio Rigau) que se sumaron a organizar la consulta. Lo cual no impide que ambas estuvieran involucradas desde el principio en llevar a buen puerto la “voluntad popular”. “Yo misma fui una voluntaria más”, dijo Rigau; “asumo la responsabilidad en la organización del proceso participativo”, concedió Ortega.

En los aspectos de la causa judicial que más les incumben personalmente, ambas se defendieron con ahínco. La titular de Enseñanza negó que su departamento diera instrucciones a los directores de escuelas e institutos públicos para que, el 9 de noviembre, cedieran los centros como locales de votación. Rigau admitió (así consta en diversos correos electrónicos) que responsables de su departamento mantuvieron dos reuniones (los días 16 y 20 de octubre, antes del veto del TC) con los directores, pero solo para “informarles de que había la jornada de participación y de que el funcionamiento se haría a través de los voluntarios”.

La compra de equipos informáticos ocupó parte del interrogatorio. Rigau aclaró que los ordenadores usados para gestionar el 9-N “ya estaban previstos” para necesidades docentes y se usan actualmente en los colegios catalanes. Solo se cedieron ese día, puntualmente, y sin que se registrasen incidencias.

La exvicepresidenta Ortega —abandonó el cargo tras la ruptura entre Convergència i Unió— ofreció una rueda de prensa el mismo 9 de noviembre para informar del resultado de la consulta, en la que participaron más de dos millones de catalanes y en la que se impuso por una amplísima mayoría el sí a la secesión. Ortega defendió que era su deber “informar” a la ciudadanía en una “jornada histórica”. El magistrado también preguntó sobre la página web que el Gobierno montó sobre la consulta (participa2014.cat). Ortega aclaró que la web quedó inactiva a partir del 4 de noviembre (veto del TC), pero que no se eliminó porque técnicamente era muy complejo ya que estaba alojada en servidores de distintos países.

Tanto Rigau como Ortega se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía como represalia por haber “cambiado de criterio” sobre la querella. Tras la consulta, los fiscales catalanes llegaron a la conclusión de que no había base para acusar de ningún delito a Mas, Rigau y Ortega. El entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, concluyó que sí la había y obligó al fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada (presente ayer en las declaraciones) a firmar la querella. Los fiscales atribuyen a los dirigentes los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

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