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El acuerdo que Fabra no pudo lograr

Los empresarios y las malas expectativas electorales empujan al PP a sumarse al pacto impulsado por Puig para mejorar el trato que da el Estado a la Comunidad Valenciana

El presidente la Generalitat, en el centro con el acuerdo, posa con los rectores, los representantes de los agentes sociales y el presidente de las Cortes.
El presidente la Generalitat, en el centro con el acuerdo, posa con los rectores, los representantes de los agentes sociales y el presidente de las Cortes.

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, no ocultó el pasado miércoles su incomodidad al ver cómo los principales agentes sociales (empresarios, sindicatos y universidades) firmaban, en la solemnidad del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, el acuerdo para reclamar conjuntamente la reforma del sistema de financiación, la deuda histórica y una mejora de las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana. Un pacto histórico, rubricado el día antes por todos los partidos políticos en el Parlamento autonómico.

Esa era la foto que el anterior presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, había intentado conseguir, sin éxito, el 17 de octubre de 2013. Los partidos de la oposición se habían negado el día antes a apoyar una resolución en las Cortes Valencianas para lograr un nuevo sistema de financiación autonómica, los sindicatos mayoritarios le habían dado con la puerta en las narices al Consell, los rectores se habían puesto de perfil y el Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana acabó por tener más cobertura informativa en las gacetillas de las revistas del corazón que en las secciones de política y economía. 

¿Por qué el socialista Ximo Puig ha logrado en los primeros 100 días de gobierno lo que el popular Alberto Fabra no pudo conseguir dos años antes? La respuesta es múltiple, pero un factor determinante ha sido la presión de los empresarios sobre el PP valenciano para que no se descolgase de un acuerdo unánime, así como el temor de la dirección regional del partido a abrir una nueva vía de agua en plena precampaña de las generales. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció con elegancia el papel de los empresarios en el acuerdo, no solo el de la patronal autonómica Cierval (cuyo presidente José Vicente González firmó el documento), sino el de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), también representada en la escenificación de la firma.

No ha sido esta la única diferencia. El contexto y el planteamiento con que Puig y Fabra  afrontaron la consecución de un gran acuerdo es muy distinta, tanto en el fondo como en las formas.

Hace dos años, el PP decidió tramitar de urgencia en el Parlamento una proposición para exigir un nuevo sistema de financiación autonómica. La defensa corrió a cargo del entonces portavoz popular Jorge Bellver que presentó la iniciativa como una gran oportunidad. La izquierda, airada, rechazó sumarse a la propuesta por varias razones.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, argumentó: "El PP no busca el acuerdo, sino la adhesión. No quiere socios, sino palmeros. No ha negociado nada. Simplemente nos explicaron que habían presentado su propuesta, dijimos que presentaríamos una enmienda y todavía estamos esperando volver a hablar". Enric Morera, de Compromís, afeó a los populares los posicionamientos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reacio a iniciar la negociación sobre la financiación autonómica, la negativa a reconocer la deuda histórica y las bajas inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana. Y el socialista Julián López Milla recordó a los populares que ya tenían dos acuerdos unánimes sobre la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica aprobados por las Cortes Valencianas del 28 de septiembre y del 9 de mayo de 2010. Unos acuerdos unánimes que el propio PP había rechazado en el Congreso de los Diputados.

Pese a la falta de acuerdo político, los populares organizaron un gran acto de presentación del Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad Valenciana ante más de un millar de personas. El evento, que recordó la época de grandes fastos de Francisco Camps, costó más de 25.000 euros y, para desgracia del PP, la atención recayó sobre las presentadoras Núria Roca y Cristina Tárrega más que sobre el contenido del documento.

En esta ocasión, el presidente Ximo Puig ha intentado no repetir los errores de Fabra. Ante el Parlamento tuvo el cuidado de dar a la iniciativa parlamentaria el rango que le correspondía y fue Puig, personalmente, quien defendió la propuesta. El jefe del Consell optó por un tono conciliador pese a la dureza del discurso de la portavoz popular, Isabel Bonig, y evitó complicarles la vida a los portavoces de los grupos que le sustentan en sus negociaciones con Ciudadanos y el PP.

Concreción y seguimiento

El histórico acuerdo, a diferencia del propuesto en su día por Fabra, recoge también la exigencia al Estado de mayores inversiones en la Comunidad Valenciana. Cuantifica la deuda histórica y, como el planteado por el PP en su día, exige la revisión de la financiación autonómica a efectos de 1 de enero de 2014.

Con el papel bajo el brazo, y la unanimidad de todos los partidos representados en las Cortes, Presidencia de la Generalitat convocó el acto con los agentes sociales y cuidó con esmero que estuviesen presentes en el acto los representantes de las principales organizaciones empresariales y UPyD y Esquerra Unida. El acto se revistió de un carácter solemne e institucional, alejado del ambiente de cóctel con el que Fabra presentó su documento en sociedad.

Puig ha propuesto también la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo para que el Consell de cuenta a las Cortes y a las entidades firmantes de las gestiones realizadas en la consecución de las reivindicaciones. Un elemento que hace dos años el PP no previó. Y como Fabra al inicio de su mandato, el actual presidente de la Generalitat aprovechó el discurso del pasado 9 d' Octubre para dejar claro que la mejora de la financiación autonómica está en el frontispicio de su proyecto político. Un objetivo del que, tarde o temprano, todos los dirigentes políticos valencianos tienen que dar cuenta.