Ayuntamientos del PP fraccionaron contratos o los adjudicaron a dedo

Una decena de ayuntamientos madrileños gobernados en 2013 por el PP, entre ellos algunos de los más poblados como Móstoles, Getafe y Villalba, fraccionaron contratos o establecieron ese año un presupuesto de licitación de 60.000 euros, “el importe límite que permite utilizar el procedimiento negociado sin publicidad”, según refleja un informe de la Cámara de Cuentas. Las irregularidades detectadas evidencian los recovecos empleados para la concesión municipal de contratos públicos. Las adjudicatarias realizaron en algunos casos ofertas a la baja irrisorias de entre uno y cuatro euros en contratos de hasta 60.000.

El denominador común del que advierten los auditores de la Cámara de Cuentas es el hábito de determinados Consistorios de conceder contratos a una misma empresa directamente, mediante procedimientos negociados sin publicidad. También se contabilizaron casos de fraccionamiento de contratos, que casualmente favorecían a las mismas compañías. Las anomalías más llamativas se detallan a continuación:

Contratos troceados en Villalba. Dos contratos de asistencia técnica y asesoramiento jurídico de 36.295 y 29.995 euros fueron una “repetición de los celebrados con el mismo objeto en 2012”. El alcalde de Villalba (62.500 habitantes) era Agustín Juárez, al alza en el PP hasta su imputación en Púnica.

La Cámara de Cuentas ya señaló en su informe de fiscalización de 2012 que ambos contratos, adjudicados al mismo contratista mediante procedimiento negociados sin publicidad, no se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público ya que la concesión era por un año cuando le “correspondería un plazo de ejecución mayor”. Aparte del evidente fraccionamiento de los contratos, la concurrencia de firmas fue “deficiente”: las empresas y profesionales invitados a participar “fueron los mismos” que en 2012. Y eso que una de las firmas invitadas “no había presentado oferta alguna” el año anterior. “El adjudicatario fue también el mismo”, recalcan los expertos de la Cámara. La ganadora del concurso ofertó una bajada de 4,13 euros en el primer contrato y de 4,73 euros en el otro.

Justificación “insuficiente” en Móstoles. La segunda ciudad más poblada de Madrid, con más de 200.000 habitantes, adjudicó en 2013 —el alcalde era Daniel Ortiz (PP), relevado en mayo por David Lucas, del PSOE— la renovación de unas licencias (27.553 euros) dependientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo sin argumentos sólidos. El interventor delegado puso de relieve que “sería conveniente considerar la posibilidad de celebrar en el futuro” un contrato de mayor duración que se adjudicase mediante procedimiento abierto. El motivo es que un contrato similar ya se había realizado el ejercicio anterior. De esta manera se evitaría “un fraccionamiento del objeto del contrato” y favorecería “una mayor concurrencia de ofertas”.

Al procedimiento negociado sin publicidad concurrieron tres empresas invitadas. La Cámara de Cuentas afirma que “no existió una verdadera concurrencia”: una de las empresas invitadas era filial de la adjudicataria y la tercera de las firmas era la propietaria de las patentes de los productos cuya renovación de licencias era objeto del expediente. “Estos datos refuerzan la necesidad de seguir un procedimiento abierto que mediante la correspondiente publicidad garantice razonablemente la existencia de libre concurrencia”, apostillan los expertos del organismo fiscalizador.

Oferta a la baja de 76 céntimos en Getafe. El valor estimado del contrato del mantenimiento de equipos y sistemas informáticos de la Agencia Local de Empleo y Formación se estableció en 59.999,00 euros (IVA excluido), es decir, un euro menos que el importe límite admitido por la Ley para celebrar un procedimiento negociado sin publicidad. También fue 76 céntimos inferior al contrato que en 2012, “con idéntico objeto, se adjudicó a la misma empresa también mediante procedimiento negociado sin publicidad”, señala el organismo fiscalizador. El alcalde de Getafe (170.000 habitantes) la legislatura pasada fue Juan Soler, del PP. Le sucedió Sara Hernández, actual secretaria general de los socialistas madrileños.

La Cámara de Cuentas observa además que, aunque el contrato “responde a la satisfacción de una necesidad estable y continuada en el tiempo”, se estableció sin embargo una duración de un año, en contra una vez más de la de Ley de Contratos del Sector Público. “Este fraccionamiento posibilita el recurso sucesivo al procedimiento negociado sin publicidad”, sentencian los autores del informe. La promoción de la concurrencia de compañías interesadas también resultó “deficiente”, debido a que “solamente” obtuvo una oferta. Además, dos de las tres empresas invitadas a presentarse “mantienen una estrecha colaboración profesional”.

60.000 euros ‘clavados’ en Las Rozas. El pliego de cláusulas del contrato celebrado por la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas (93.000 habitantes) para la asistencia técnica para el desarrollo de un estudio de intervención urbanística en el polígono de Európolis estableció, “sin que conste en el expediente justificación cómo se ha determinado este importe exacto”, un presupuesto de licitación de 60.000 euros. Justo el tope legal que permite que un contrato sea negociado sin publicidad. La Cámara subraya que “no es posible conocer si se ha producido una correcta estimación del importe del valor del contrato atendiendo al precio general de mercado”. En principio, el importe de adjudicación era de 71.995 euros. El regidor de Las Rozas era José Ignacio Fernández Rubio (PP). Imputado en tres causas, no repitió.