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Colau revisará los 10.400 alquileres sociales para detectar fraude

El último censo, en 2010, detectó anomalías o irregularidades en un 21,3% de los casos

La Alcaldesa Colau durante la inauguración del Museo Etnológico.
La Alcaldesa Colau durante la inauguración del Museo Etnológico.

El Ayuntamiento de Barcelona, que encabeza la alcaldesa Ada Colau, ha hecho de la vivienda una prioridad y ha activado un paquete de medidas para conseguir pisos: ha sentado a los bancos y la SAREB (banco Malo) para intentar que les cedan propiedades —por ahora sin éxito—, ha comenzado a sancionar a entidades que tienen pisos vacíos —12 casos—, comprará y rehabilitará viviendas e iniciará promociones nuevas. Además de buscar fuera, indagará en su propio parque: inspeccionará a partir de enero sus 10.400 pisos de alquiler en búsqueda de fraude, ocupaciones o cualquier anomalía que permita sumar viviendas a la bolsa pública.

“Aumentar el parque de alquileres sociales es un reto de mandato y queremos comenzar por los del propio Ayuntamiento y hacer inventario del parque público”, explica el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner sobre la medida de Gobierno que incluye el plan de inspecciones. El peinado lo harán técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda, comenzará en enero de 2016 y se prolongará seis meses.

Las inspecciones comenzarán en enero de 2016 y durarán seis meses

La mayor parte de los 10.400 pisos de alquiler social los administra el Patronato Municipal, unos 6.300 y el grueso pertenecen al propio Ayuntamiento, Regesa o el Incasòl. El resto son de entidades privadas como Cáritas, la Fundación Familia y Bienestar o Catalunya Caixa, enumera Montaner. Sobre los alquileres sociales de titularidad privada, el plan del Gobierno municipal habla de “elaborar un informe detallado sobre su situación”.

Hay una tercera casuística entre los alquileres sociales: son los 300 pisos de cuatro edificios que gestiona la sociedad de inversión Colón Viviendas tras comprarlos en 2011 por 11 millones de euros a Regesa, la empresa del consejo comarcal que hace vivienda social. En junio pasado, la Agencia de la Vivienda de la Generalitat abrió un expediente sancionador a Colón por adjudicar 55 pisos al margen del Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial. Colon es filial de Azora, la empresa con que Goldman Sachs se adjudicó 3.000 pisos del Instituto de Vivienda de Madrid en varios municipios de la Comunidad.

El concejal de Vivienda detalla que el último censo del parque público de alquiler de Barcelona se hizo en 2010 y permitió detectar “anomalías o irregularidades” en un 21,3% de los casos. Por ejemplo, pisos ocupados por familiares del titular a quien se le adjudicó inicialmente (algunas veces porque había fallecido), viviendas vacías, viviendas ocupadas ilegalmente, realquiladas a terceros por los adjudicatarios oficiales u otras en las que costó meses que alguien abriera la puerta.

Otra de las situaciones que preocupan al actual Consistorio es “la creciente ocupación de pisos vacíos por parte de familias empobrecidas”, por lo que pretende contactar con los propietarios para que los convierta en alquileres sociales.