El 11% de las guarderías privadas legales carece de licencia municipal

Para abrir una guardería, un privado necesita dos licencias: una autorización de la Generalitat y un permiso de actividad del Ayuntamiento donde se encuentre el centro, que certifica aspectos técnicos como el cumplimiento de la ley de accesibilidad. En Barcelona, el 11% de las guarderías (22 establecimientos) carecen de este último permiso. El Gobierno que preside Ada Colau les ha puesto un año de límite para que normalicen su situación administrativa.

La capital catalana, según datos del Consistorio, tiene 187 guarderías de carácter privado y/o concertado. Nueve de ellas, de acuerdo con los registros municipales, cuentan con el visto bueno del Departamento de Enseñanza para realizar su actividad pero no tienen la licencia que otorga el Gobierno de la ciudad.

Una de estas guarderías sin todos los documentos en regla está en el distrito de Horta Guinardó; tres, en Gràcia; cuatro, en el Eixample, y una, en Sarrià. El Ayuntamiento no reveló los nombres de los centros pero recuerda que su autorización tiene un carácter más técnico que educativo. Otros 13 centros, que también tienen el visto bueno de la Generalitat, están pendientes de que los distritos les den el permiso.

Se trata de un problema que se arrastra hace bastantes años. La mayoría de centros en cuestión se encuentran en entresuelos o principales de fincas que difícilmente podrían arreglar su situación urbanística.

El Ayuntamiento ahora les da un año de plazo a las guarderías para regularizarse. Hace cuatro años, Gerard Ardanuy, el entonces regidor de Educación del Gobierno de CiU, reconocía la “alegalidad” de muchos centros y prometía “intentar que se cumplan las normas”. El Consistorio reconoció en su día que “se ha de ponderar la innegable necesidad de continuar prestando el servicio garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad imprescindibles".