Un juez atribuye dos delitos de prevaricación y fraude a Antonio Ávila

Un juez de Sevilla atribuye dos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones al exconsejero de Economía Antonio Ávila dentro de la investigación abierta tras la denuncia de la fiscalía en relación con las ayudas por valor de 5,8 millones que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió "sin soporte legal que lo permitiera" a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). Este dinero se dio para financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010.

En un auto fechado el día 17 de septiembre, el juez de Instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, atiende la petición realizada por la fiscalía y atribuye estos dos delitos a Ávila al entender que, como presidente del SAE, sería el autor de la resolución de 11 de diciembre de 2012 "por la que se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas", informa Europa Press. En este sentido, el instructor libra oficio al SAE para que remita copia del expediente incoado "para servir de base" a esta resolución, "especialmente de la memoria justificativa del interés público y social de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las mencionadas subvenciones excepcionales y las propuestas de acuerdo sobre el inicio de los expedientes".

El juez, a petición del ministerio público, amplía el contenido del auto de 3 de marzo donde acordó la incoación de diligencias previas y concreta que las actuaciones se dirigen, además de contra el exconsejero, contra una veintena de agentes locales de promoción de empleo (Alpes) y cuatro directores de Utedlt (los de Sierra Norte, Tierras de Doñana, Alcalá de Guadaíra y Bajo Guadalquivir). El instructor considera que todos ellos habrían incurrido en un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar su actividad durante los años 2010, 2011 y 2012". 

Asimismo, el juez dirige las actuaciones contra "las personas que ostentaron el cargo de delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta durante los años 2010, 2011 y 2012", a cuenta de un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar la actividad de las Utedlt Sierra Norte, Tierra de Doñana, Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaíra durante los años 2010, 2011 y 2012". De hecho, el magistrado libra oficio a la Consejería de Empleo de la Junta para que certifique "qué personas ostentaron el cargo de delegado provincial de Sevilla en los años 2010, 2011 y 2012".  De igual modo, el juez dirige las actuaciones contra Ángel Ortiz Sánchez y Pedro E. Gracia Victoria, directores generales de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE durante 2010, 2011 y 2012, por presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones "en las concesiones de subvenciones ordinarias para la actividad" de las cuatro Utedlt mencionadas, "así como por las concesiones de subvenciones por incentivos a las mismas".

El juez libra oficio a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla para que investigue si estas cuatro Utedlt "tuvieron actividad y realizaron labores para las que se constituyeron" en 2010, 2011 y 2012. También pide a la Guardia Civil que averigüe si los directores y los Alpes de estas cuatro Utedlt "realizaron trabajos propios de los fines de la Utedlt, para los que fueron contratados" en esos mismos años.