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PSPV, Compromís y Podemos ponen en marcha la ley para recuperar RTVV

La proposición pactada hará que decaiga el recurso al Tribunal Constitucional presentado por los socialistas contra la ley que aprobó el Consell de Alberto Fabra

Imagen del Centre de Producció de Canal 9 en Burjassot.
Imagen del Centre de Producció de Canal 9 en Burjassot.

Tras semanas de dudas y titubeos, los portavoces del PSPV, Compromís y Podemos han presentado hoy en el registro de las Cortes la proposición de ley para recuperar la radio y televisión públicas valencianas. La iniciativa parlamentaria otorga a las Cortes el control parlamentario del proceso, permite al Consell recuperar de manera provisional o en pruebas la señal de Canal 9 e insta a los liquidadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a realizar las operaciones necesarias para revertir a la Generalitat los bienes y derechos de la sociedad en disolución. Los liquidadores también remitirán a la Cámara cuantos informes sean necesarios para conocer la situación de RTVV y una auditoría sobre los costes de extinción.

Una vez aprobada y publicada la ley, decaerá el recurso presentado en el Tribunal Constitucional por los socialistas contra las leyes que aprobó el PP sobre el cese de las emisiones de Canal 9 y la prohibición de que existan medios públicos de la Generalitat. Con ello se pretende que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la demanda presentada por la CGT contra el ERE de extinción de RTVV. Un pleito paralizado a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda socialista.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha explicado que el PP dejó "un campo de minas" y que la proposición pretende empezar a abrir el camino para recuperar las emisiones. Acompañado del socialista Manuel Mata y Fran Ferri, de Compromís, los tres han indicado que el centro del debate se situará en el Parlamento y que la propuesta no presupone la continuidad de la anterior sociedad, que sigue en proceso de liquidación.

La iniciativa también obliga a realizar una auditoría de la gestión realizada y dota el proceso de las garantías jurídicas necesarias para evitar nuevas impugnaciones, según los grupos parlamentarios que avalan la propuesta.