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Valeo cierra el periodo de negociaciones sin acuerdo

La plantilla mantendrá la huelga en protesta contra el traslado de la planta a Zaragoza

Trabajadores de Valeo protestan en la sede de Nissan en la Zona Franca.
Trabajadores de Valeo protestan en la sede de Nissan en la Zona Franca.

La plantilla y la dirección del fabricante de componentes para la automoción Valeo cerraron el lunes sin acuerdo el periodo de 15 días de consultas por el traslado de la planta de Martorelles a Zaragoza. Los empleados mantendrán la huelga comenzada a finales de julio y están dispuestos a llevar la deslocalización a los tribunales, según ha anunciado este martes el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, que representa a la sección sindical de CGT en la multinacional francesa.

Valeo informó a los trabajadores durante las fallidas negociaciones que la deslocalización implicará un recorte salarial, aunque no llegó a concretarlo. CGT ha denunciado que la dirección quiere encubrir un despido colectivo con el traslado de 214 de los 257 trabajadores de Martorelles.

El principal argumento de la firma es un informe técnico que concluye que la producción de sistemas de climatización está "sobredimensionada" y que recomienda unificarla en una sola fábrica, como hacen sus competidores. La abogada del Col·lectiu Ronda Ana Tomé ha asegurado que la "sobredimensión" no se arregla con traslados, sino con menos trabajadores, por lo que ha acusado a la compañía de usar la deslocalización para propiciar que quien no se quiera mudar a Aragón renuncie.

El coste salarial de un empleado de la planta de Zaragoza es de 20 euros por hora frente a los 27 que cuesta uno de Martorelles, según el informe. CGT cree por esta razón que la multinacional ha decidido trasladar a más de 200 personas a Aragón en vez de llevar a Cataluña a los 80 operarios que se dedican a la climatización en esa fábrica. Los trabajadores serán subrogados por la filial aragonesa, por lo que pasarán a cobrar lo mismo que sus compañeros.

Valeo ofreció en la reunión con el comité de empresa la semana pasada pagar las indemnizaciones acordadas en un plan industrial firmado en 2014 —de 45 días por año— a quien prefiera quedarse en Cataluña, ha explicado Tomé. Esto implicaría la imposibilidad de cobrar el paro y "grandes retenciones fiscales", ha añadido.