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Munté lamenta la “recentralización” que ejerce el Gobierno central

La Generalitat admite los "obstáculos" que impone la suspensión pero dice que las convocatorias programadas seguirán adelante con trabajadores autonómicos

Neus Munté (i), durante la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Neus Munté (i), durante la Conferencia Sectorial de Inmigración. EFE

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha acusado al Gobierno central de seguir con su estrategia de “asfixia” y “recentralización constante” al recurrir la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), cuyo artículo 4 ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Munté ha asegurado que “cada vez que el Gobierno catalán adopta una medida para dar respuesta” a las necesidades de “ciudadanos y sectores productivos” se topan con el bloqueo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy “vía el Constitucional”. Aun así, la Generalitat seguirá adelante con los concursos para incrementar la plantilla de la ATC.

El artículo suspendido por el TC impide que funcionarios de otras administraciones puedan ser incorporados a la plantilla de la ATC en la convocatoria de concursos. La Generalitat pretendía hacerse con funcionarios estatales para ampliar la agencia catalana. A pesar de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria contuvo una eventual fuga de empleados al negarles la comisión de servicio, la Generalitat sí pudo fichar a media docena de funcionarios. Estos debían integrarse en la ATC como funcionarios en próximos concursos, pero el Constitucional ha paralizado esta posibilidad.

“El proceso provoca una interrupción y pone dificultades en el calendario inicialmente previsto”, ha admitido Munté. La vicepresidenta ha explicado que para octubre había un concurso previsto que seguirá adelante. “El proceso no se bloquea pese a los obstáculos”, ha agregado Munté, quien ha dicho que la voluntad del Gobierno catalán era crear un agencia más "eficaz" y "eficiente".

La vicepresidenta también ha lamentado la suspensión del canon al ADSL, que ha dicho que debía destinarse al sector audiovisual. “Las dos suspensiones muestran que cada vez que el Gobierno catalán adopta una medida para dar respuesta a una problemática social o para conseguir más recursos para necesidades y políticas sociales la respuesta siempre es la suspensión. Por eso hablamos de asfixia y recentralización”, ha remachado.