Paralizados los cuatro desahucios programados en Nou Barris

Durante la mañana se han paralizado cuatro desahucios programados este lunes en Nou Barris, el distrito con las rentas más bajas de Barcelona. La regidora y cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz, ha asistido junto a las entidades 500x20, Lluitant Nou Barris y miembros de Stop Desahucios, que finalmente han logrado evitar el desalojo de cuatro familias, entre las que se encontraban menores de edad. La concejal de la CUP, María José Lecha, también ha querido acompañar a las entidades y vecinos que se han acercado hasta el distrito para presionar en las negociaciones.

El primer desalojo, en la calle Travau, estaba previsto para las 9.30 de la mañana. Fátima Osiris, de Santo Domingo, okupa en un bajo de esta calle desde que su marido y sus dos hijos se quedaron en el paro. Es la única que trabaja, pero el sueldo no llega para alquilar una vivienda. El piso, vacío desde hace dos años cuando ella lo ocupó, pertenece al BBVA. La procuradora, junto a la comitiva judicial, han conseguido llegar a un acuerdo y aplazar el desalojo de la familia. Tienen un mes para poder encontrar otro lugar donde vivir. De momento, Fátima está a la espera de poder conseguir un alquiler social.

Horas más tarde de este primer desalojo detenido, la tensión ha crecido en la calle de Pou, en el barrio de la Prosperitat, en el último de los desahucios programados para hoy. Iftikhar Ahmed, un paquistaní de 43 años, vive en un humilde piso de dos habitaciones junto a su mujer Abida Ahmed y sus cuatro hijos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Paga 400 euros de alquiler  a un compatriota que le consiguió subarrendar la vivienda. "Me dijo que me estaba haciendo un favor, por mi situación familiar. Desde la crisis estamos mi mujer y yo en el paro con cuatro hijos", ha explicado Ahmed. "Él le alquilaba el piso a un particular y a su vez nos lo subalquilaba a nosotros". El ingreso lo efectuaba Ahmed en la cuenta de su compatriota al principio de cada mes, sin embargo hace siete meses que el alquiler se dejó de pagar. "Nos engañó. Yo le pagaba los 400 euros, pero él empezó a quedárselos desde hace unos meses. Ahora el dueño del piso me ha denunciado y quieren echarnos de casa, sin tener otro sitio al que poder ir", ha lamentado. Ahmed ha conseguido ganar el juicio para recuperar el dinero que entregó en concepto de alquiler, sin embargo, la resolución le señala a él como inquilino de la vivienda.

Mientras su padre contaba su historia, la pequeña de la familia, Sheema, de 3 años, jugaba en el sofá ajena a los nervios del resto de la familia. "Hoy tendría que haber empezado su primer día en la guardería, pero no hemos podido llevarla con todo el jaleo de hoy", explicaba Abida, la madre de la pequeña. "El resto de los niños están en la escuela, afortunadamente, no han tenido que ver toda esta tensión", relataba la joven.

Abajo, en la calle, los vecinos se agolpaban en la puerta de Ahmed, bajo gritos de "Sí se puede", cuando dos de los Mossos d'Esquadra entraron en el rellano del edificio. La tensión fue creciendo, hasta que Janet Sanz intervino y consiguió que los dos policías salieran del pasillo y se situaran en la esquina de la calle hasta que llegara la comitiva judicial. Finalmente, el desalojo pudo evitarse e Iftikhar ha conseguido entrar en la mesa de emergencia, que se reúne el próximo 22 de septiembre, para conseguir una vivienda social.

Entre los vecinos que han presionado para evitar su desalojo se encontraban veteranos de los desahucios. Es el caso de Montse Clavés. Acaba de vencer un cáncer de mama y lleva ya siete desahucios a sus espaldas. "La unión hace la fuerza. Si no estamos todos juntos, esto será más difícil", explica Clavés. Esta vecina de Nou Barris, está a la espera de conseguir un alquiler social. Percibe una ayuda de 400 euros de la RMI (la renta mínima de inserción).

Desde la plataforma vecinal 500x20, su portavoz Salva Torres, asegura que en este distrito se producen hasta 15 desahucios por semana. "El próximo viernes están programados al menos siete más, al menos de los que tenemos constancia", alerta Torres. "Ahora le pedimos al ayuntamiento que haga una declaración institucional, que vaya más allá de multar a los bancos y que exige a la entidades bancarias que entregue las más de 4.000 viviendas vacías que hay en la ciudad", concluye el portavoz.