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Las Cortes convalidan el decreto para dar sanidad a inmigrantes irregulares

La vicepresidenta del Consell no descarta una gran movilización social si no se reforma el sistema de financiación autonómica

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, entre el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mònica Oltra, en las Cortes Valencianas.
La consejera de Sanidad, Carmen Montón, entre el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mònica Oltra, en las Cortes Valencianas.

Las Cortes Valencianas han aprobado hoy, con la abstención del PP, la decisión del Consell de prestar atención sanitaria a todos los inmigrantes irregulares que lleven tres meses empadronados en municipios valencianos. La consejera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, se ha mostrado orgullosa de que su primera intervención en la Cámara fuese para "recuperar una parte de la dignidad" arrebatada.

Según la consejera, la nueva regulación permite devolver la cobertura sanitaria a 30.000 personas hasta ahora excluidas del sistema público de sanidad, a las que se atenderá con una tarjeta similar a las convencionales. "Somos un Gobierno distinto, no vamos a ceder a las amenazas del Ministerio", ha recalcado Montón, que ha indicado que desde que el Consell aprobó el decreto ley (hoy convalidado por las Cortes) un total de 2.800 personas han recuperado la atención sanitaria.

Todos los grupos parlamentarios (PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos) han dado su apoyo a la convalidación del decreto ley, excepto el PP. Su portavoz, María José Català, ha defendido la abstención de los populares porque la decisión del Consell representa "una injerencia clara en las competencias del Estado, pues es este a quien corresponde establecer el núcleo básico de beneficiarios".

Català ha resaltado, además, que durante el Consell del PP "nadie" se quedó sin prestación sanitaria y ha recriminado que el nuevo decreto ley no ampare a todos los inmigrantes irregulares. El socialista Ignacio Subías, por su parte, ha recriminado a los populares su actitud y les ha instado a votar favorablemente. "Tienen que rectificar y pedir perdón por el mal que han hecho, pidan perdón votando sí".

Movilización por una financiación justa

Por otra parte, en los pasillos de las Cortes, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha indicado que el Ejecutivo no descarta que se pueda producir una gran movilización social si no se reforma el actual sistema de financiación autonómica.

Oltra ha valorado la complicidad con los portavoces y dirigentes de los principales grupos políticos con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la reivindicación de una financiación equitativa y justa. La vicepresidenta ha explicado que tras las entrevistas el Gobierno valenciano quiere ahora redactar un documento consensuado "que puedan firmar los grupos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y universidades" al que se pueda sumar todo el que quiera.

La pretensión del Consell es que haya una "gran movilización que reivindique una financiación justa" que podría llegar a la calle si no se modifica el sistema de financiación. El documento del Ejecutivo valenciano se basará en tres ejes: el cambio de sistema, la regularización de la deuda generada por la infrafinanciación y la mejora de las inversiones territorializadas".

La réplica a Oltra la ha ofrecido la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que ha reivindicado que su partido ya aprobó en solitario en octubre de 2013 una iniciativa en la que se reclamó una financiación justa que no fue apoyada ni por los socialistas, que se abstuvieron, ni por Compromís.

Durante el primer pleno ordinario de las Cortes, el Parlamento ha aprobado también una modificación de su reglamento para incluir la composición paritaria en los órganos de gobierno de la Cámara y crear la comisión de Políticas de Igualdad de Género y la de Ràdio Televisió Valenciana y del Espacio Audiovisual.