“¡Rosa se queda!”

"¡Rosa se queda!", han coreado a lo largo de toda la mañana un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante el domicilio de Rosa, una mujer de 70 años, discapacitada y con un hijo a su cargo. La mujer había pedido un crédito de unos 50.000 euros al Banco Primus, de capital francés, y como no ha podido seguir pagándolo, hoy estaba previsto su desahucio. Y al final lo han conseguido. La justicia ha aplazado un mes su desalojo.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia ha paralizado por 30 días la salida de esta mujer, con un 72% de minusvalía, con un hijo, parado de larga duración y con problemas de salud, a su cargo. Según la plataforma, que se ha concentrado ante el domicilio de Rosa en la calle Reus de Valencia, el magistrado ha sido "poco generoso" y ha parado "solo durante un mes" (legalmente podía extender el plazo a dos meses) el desahucio para que pueda sacar sus enseres de casa.

Integrantes de la plataforma han anunciado que interpondrán "todos los recursos posibles" para que el juez "reconsidere" su resolución y alargue la paralización del desahucio, y se concentrarán frente a la sede central en Valencia del Banco de España y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por unos desahucios que tachan de "injustos".

Según José Luis González, otro de los portavoces de la PAH, Rosa, que percibe una pensión de algo más de 300 euros mensuales, no ha podido acogerse a la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno español porque formalmente su crédito no es hipotecario sino que lo solicitó para reformar su vivienda y, por tanto, solo puede acogerse al artículo 704 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga un plazo breve.

La Comisión Judicial que debía desahuciarla este martes a las 11,30 de la mañana no se ha presentado finalmente y el recurso que demora su salida forzosa ha sido aceptado. Su caso, que el otro día el alcalde de Valencia, Joan Ribó, empleó como símbolo de lo que no debe pasar, cuenta con el respaldo de la corporación municipal. La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, ha permanecido al lado de Rosa toda la mañana. Otro concejal del Gobierno local, Giuseppe Grezzi, también ha apoyado a la mujer con su presencia en el portal de la casa. La Policía Local de la capital solo ha hecho acto de presencia para regular el tráfico en la calle.

"Es el primero que nos coge con el Gobierno local ya estructurado y por eso para el equipo de gobierno local es muy simbólico", ha dicho Oliver, quien ha recordado que el Consistorio ha establecido con el consultado de Francia y otras instituciones para frenar el desahucio. Al lado de Rosa estaban también representantes de la ONG Psicólogos sin fronteras. Oliver ha reconocido que el Consistorio buscará un piso alternativo pero ha insistido en que lo prioritario es conseguir que Rosa se quede en su casa, en su barrio. "Es muy importante no desarraigarla; aquí tiene una red de apoyo difícil de conseguir en otro lado", ha concluido la concejal.

"Vamos a luchar con todos los medios a nuestra disposición. Por redes sociales, por la vía judicial y en la calle. No vamos a permitir el desahucio de Rosa, que quiere quedarse en su casa. Tiene 70 años y como dice ella, le quedan dos telediarios; así que déjenla en paz", ha manifestado Liliana Moreno, portavoz de la PAH.

"Si se hubiera invertido en vivienda la pasta que se han gastado [el anterior Gobierno valenciano] en formula 1, copas de américa y en la mayor colección de calatravas, las familias vivirían con dignidad. Pero parece que son más importantes los eventos", ha añadido Moreno.

Rosa no quería hablar porque estaba muy nerviosa y preocupada pero al final bajó a la calle para ir personalmente al juzgado y conseguir por escrito la moratoria. Los periodistas la han interpelado sobre su estado y la septuagenaria ha respondida entera: "Fatal, muy nerviosa pero con mucho ánimo". Y entre aplausos y muestras de afecto, se la han llevado al juzgado.