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La nueva ley del suelo desbloqueará las operaciones Calderón y Chamartín

Cifuentes se propone eliminar la medida de Aguirre que desde 2007 limita los nuevos edificios, salvo excepciones, a un máximo de cuatro alturas

Proyección municipal del ámbito urbanístico del Calderón, que incluye dos rascacielos de 36 pisos junto al río Manzanares. Ampliar foto
Proyección municipal del ámbito urbanístico del Calderón, que incluye dos rascacielos de 36 pisos junto al río Manzanares.

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (PP), quiere eliminar la prohibición de construir edificios de cuatro alturas (tres plantas más ático) que Esperanza Aguirre aprobó en julio de 2007, en la segunda de sus tres legislaturas al frente de Madrid. La limitación, que afecta a los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la ley, bloqueó los principales desarrollos urbanísticos de la región: la Operación Calderón y la Operación Chamartín, ambas en la capital y empantanadas en los tribunales por las complicaciones legales que presentan. El Ejecutivo autonómico pretende “actualizar y adaptar” la ley a “la situación actual”. Para ello, espera contar con “un texto acordado” de la futura legislación con la oposición a principios de 2016.

De “atentado contra el medio ambiente” a “colmenas” del PSOE

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre defendió el tope de cuatro alturas para “acabar con un urbanismo que ya no se corresponde con el desarrollo y con las aspiraciones de calidad de vida actual de la sociedad madrileña”. Su aprobación abrió un nuevo frente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Carme Chacón, entonces ministra de Vivienda, calificó la limitación de “atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida de los madrileños”.

Antonio Beteta, actual secretario de Estado de Administraciones Públicas y en aquel momento portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, defendió el cambio en la ley argumentando que su partido era contrario a “las colmenas que tanto gustan al PSOE” y que así “todos los ciudadanos de Madrid podrán vivir en casas como la que tiene el señor Caldera [exministro de Trabajo] en Las Rozas, o como la de Solbes [exministro de Economía] en Majadahonda”.

El PP aprobó en solitario la limitación de alturas en verano de 2007, afectando a cualquier desarrollo de la Comunidad de Madrid que no tuviera aprobada su planificación urbanística previamente. Es decir, que todos los proyectos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, quedaban exentos. Además, Aguirre incluyó la siguiente excepción: que los Ayuntamientos pudiesen “autorizar” la construcción de “edificios singulares cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”.

En teoría, de esta forma se podrían seguir erigiendo edificios que rebasaran el tope de cuatro alturas. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, se quejó de que la normativa regional no especificaba de qué singularidades se trataba. La ley solo indica que, en el caso de que el permiso especial obligase a la modificación del planeamiento urbanístico vigente, sería preciso el informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid.

La intención del Gobierno de Aguirre de “impulsar un modelo de ciudad más humano”, apostando por un concepto de ciudad con desarrollos urbanos menos poblados y con más zonas verdes —y por tanto más dispersos y difíciles de aplicar en las grandes ciudades de la región, entre ellas Madrid— ha terminado condicionando el urbanismo de la región. En especial, el crecimiento de la capital por el norte (Operación Chamartín) y el sur (Calderón). “Tenemos que garantizar que en la Comunidad de Madrid pueda haber desarrollo, y que sea un desarrollo sostenible”, indican en el gabinete de Cifuentes.

Aunque el Ejecutivo de Aguirre trasladó el mensaje de que el límite de alturas apenas tendría consecuencias en Madrid, debido a la planificación finalizada del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, los grandes desarrollos urbanísticos penden de la interpretación que los juzgados hacen de la legislación vigente. “Es el momento de hacer una revisión de la ley del suelo porque hay algunas sentencias que obligan, de facto, a su modificación. Sentencias que de alguna forma se han podido ir aplicando, actualizando mediante modificaciones parciales”, explican en el Ejecutivo madrileño.

Un año después de que aprobarse la ley del suelo de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid firmó en 2008, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de alcalde, un convenio con el Atlético para que el club se trasladara al estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas. El conjunto rojiblanco obtendría con este acuerdo un campo nuevo con un aforo para 73.000 personas, 20.000 más de las que tiene ahora el Vicente Calderón. De su construcción se encargaría Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La operación incluía la demolición del Calderón (inaugurado en 1966) y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En su lugar FCC levantaría unas 2.000 viviendas, con 160.000 metros cuadrados de zonas verdes. La constructora también soterraría el último tramo de la M-30, culminando así el trazado del paseo ribereño de Madrid Río. FCC costearía las obras, incluidas las de La Peineta, con la venta de las viviendas (el gasto previsto era de 218 millones, más otros 41 millones por la parcela). El Ayuntamiento de Madrid no aceptó la propuesta original del Atlético, de levantar 2.200 pisos, con dos torres de 30 plantas, otras tres de 19 y la desaparición de un instituto. La versión original se rebajó a unas 1.600 viviendas, con torres de 17 pisos, muy por encima del máximo legal de la ley regional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado varias veces contra el proyecto urbanístico del Manzanares. El TSJM detuvo la operación del Calderón en enero de 2012, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia en octubre de 2014 y obligó a repetir el proceso. El TSJM tomó en cuenta el pasado abril las disposiciones del Supremo y examinó, además, el cambio legislativo aprobado por el Gobierno regional en 2013 para intentar salvar el plan.

La conclusión a la que llegó fue que el cambio legal podría no ser suficiente (de ahí la intención de Cifuentes de formular una nueva ley). El Ejecutivo de Ignacio González (PP) introdujo en abril de 2013 una modificación en el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico con la que buscaba desbloquear la principal operación inmobiliaria en la almendra central de la capital y otras, como la ampliación hacia el norte del paseo de la Castellana. No tuvo éxito.

El TSJM tumbó el pasado abril el proyecto de 2009 del Ayuntamiento y sembró muchas dudas sobre el plan municipal de julio de 2014 —una revisión de los proyectos anteriores— de derribar el Calderón y hacer dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22. De nuevo, al entender que era incompatible con la ley del suelo regional.

El pasado enero se anunció el desbloqueo de la Operación Chamartín, diseñada por el BBVA para soterrar las vías de la estación del mismo nombre, prolongar el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros y construir 17.000 pisos, cuya venta sufragará las obras. La inversión sería de 6.000 millones. El primer plan urbanístico de para Chamartín fue aprobado en 2011 por el Ayuntamiento. Un estudio de arquitectos lo recurrió ante la justicia. Como en el caso del Calderón, el TSJM lo anuló en 2013 porque, entre otras razones, proyectaba edificios muy por encima de las cuatro alturas fijadas en la ley del suelo de Aguirre. Los promotores elaboraron un nuevo plan solventando a su entender los obstáculos judiciales. El inconveniente que se encontraron es que Ana Botella (PP) no lo dejó aprobado en la anterior legislatura. La actual regidora, Manuela Carmena (Ahora Madrid), solo se ha comprometido a “estudiar” el plan para Chamartín.

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