División en Tarragona a propósito de la continuidad de los Juegos

Quince millones de euros tienen la llave. Los Juegos del Mediterráneo previstos para el verano de 2017 en Tarragona están en la cuerda floja porque falta dinero para cubrir un presupuesto de entre 30 y 40 millones de euros. La aportación de los patrocinadores privados está lejos de las previsiones y el Gobierno central mantiene seca la línea de ayudas para el evento. A menos de dos años para la inauguración, la ansiedad encoge los ánimos del comité organizador y azuza desavenencias. El Ayuntamiento y los ciudadanos están divididos entre partidarios de mantener la organización o desistir.

Aceptado el desafío en plena crisis, la nominación de la ciudad de Tarragona llegó en 2011 y el camino nunca se presentó lleno de rosas. Sin embargo, la última alarma tronó con fuerza cuando el Ayuntamiento se dio cuenta de que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 no incluyen ninguna partida destinada al evento. 

Los Presupuestos del  Estado de 2016 no incluyen ninguna partida para el evento, pero el Rey presidió, en marzo, el Comité de Honor

Por si quedaba alguna duda, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), manifestó recientemente en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Estado no tiene ningún documento firmado con Tarragona en el se comprometa a dar ayuda financiera a los Juegos. Con todo, a los Juegos los avalan todas las formalidades, e incluso el rey Felipe VI presidió en marzo pasado la constitución del Comité de Honor.

El Ayuntamiento, como la ciudad, está dividido entre los partidarios de arrojar la toalla y los que defienden que hay que llegar hasta el final. Las coincidencias entre los dos bandos se reducen a la posibilidad de que Tarragona termine haciendo el ridículo.

El alcalde Ballesteros, a favor

“Los Juegos ya han empezado”. Son palabras del alcalde Josep Félix Ballesteros (PSC) y de su mano derecha, Javier Villamayor, concejal responsable de los Juegos. Ambos insisten en que no hay marcha atrás, porque hacerlo mancillaría la imagen de la ciudad. “Estaremos a la altura”, dicen. Pero no todos piensan igual.

En una dilatada sesión plenaria celebrada el viernes para analizar el asunto, el Gobierno socialista trató de desgranar los pasos dados para lograr el éxito de la apuesta. La preparación ha supuesto la contratación de 22 empleados y se prevé una ocupación de hasta 400 personas durante las tres semanas de pruebas, entre julio y agosto de 2017. Hay 3.800 voluntarios reclutados y las empresas patrocinadoras, premiadas con incentivos fiscales, han aportado 10 millones de euros en metálico. “Nunca antes se había recaudado tanto a estas alturas”, aseguró Villamayor.

El PSC ha contado con dos aliados inesperados. Tanto el Partido Popular como Convergència prestan su apoyo, a pesar de que fueron las primeras fuerzas en pedir la renuncia de la ciudad. El concejal popular Alejandro Fernández se arroga un papel de intermediación para que el Gobierno español acabe apoyando los Juegos y, por su parte, el pacto cerrado en la Diputación de Tarragona entre el propio Ballesteros y el imputado Josep Poblet (Convergència) ha lubrificado tensiones sociovergentes.

Cuatro partidos en contra

La CUP, ERC e IC-V, en cambio, manifiestan abiertamente que la mejor solución para la imagen de Tarragona es una retirada a tiempo. La recaudación de las aportaciones privadas, sostienen, solo garantiza un tercio de la cantidad prevista y el crédito de 12 millones de euros firmado por el Ayuntamiento se plantea como una pesada losa para las arcas municipales. La CUP alberga “serias dudas sobre la creación de empleo” atendiendo al hecho que serán los hoteles de Salou los que se beneficiarán de las pernoctaciones de los atletas, calculadas entorno a las 95.000.

Arga Sentís (ICV) preguntó qué pasará si se llega a la recta final de la preparación sin haber cubierto el presupuesto y, en este sentido, sentenció: “Si el plan B es que nos pongamos todos a hacer bocadillos de mortadela para los atletas, no parece muy viable”.

Tampoco el grupo de Ciutadans, segunda fuerza política, oculta sus reservas. “No haremos ningún acto de fe” aseguró Rubén Viñuales.