Rigau cifra en 17 las familias que piden escolarización en castellano

El Departamento de Enseñanza intentó zanjar ayer el baile de cifras sobre el número de peticiones para la ayuda de 6.000 euros para pagar la escolarización en castellano. La consejera Irene Rigau aseguró que, durante una reunión técnica el pasado miércoles, el Ministerio de Educación informó que tenía 92 solicitudes para la ayuda, de las cuales solo 17 cumplen con los criterios fijados por la ley Wert. La Generalitat, sin embargo, las ha recurrido y aún no se ha concedido ninguna bonificación. El ministerio, que en febrero pasado había cifrado las peticiones en 362, no confirmó los nuevos datos.

Rigau cree que esta disminución podría explicar el hecho de que en el proyecto de Presupuestos Generales se reduzca la partida para esta ayuda de los cinco millones del actual ejercicio a solo uno. El grupo de Convergència en las Cortes, sin embargo, presentó una enmienda solicitando retirar esta subvención para explicitar el rechazo a esta medida.

La ley Wert, como también se conoce a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) establecía un mecanismo para que aquellos padres que no desearan que sus hijos estudiaran bajo el modelo de inmersión lingüística pudieran acceder a una escolarización en castellano. Con esto el ministerio buscaba dar un mecanismo a las sentencias que fijan que el castellano también debe ser lengua vehicular en la escuela.

La medida, de ámbito nacional pero creada a medida para Cataluña, establecía que las familias debían solicitar a Enseñanza la escolarización en castellano. Si ésta no la ofertaba, se podía solicitar la ayuda al Estado. La familia matriculaba al menor en un centro privado y el Ministerio, que tiene seis meses para resolver los expedientes, descontaba esa cantidad de las transferencias al Gobierno catalán.

“No nos han descontado nada de las transferencias. Damos por hecho que no se ha otorgado ninguna ayuda”, agregó Rigau. La consejera denunció, sin cuantificar, que posiblemente habrían varios casos de fraude. Se trataría de familias que de antemano llevaban a sus hijos a escuelas privadas con educación en castellano y que pedían ahora la ayuda.

La Generalitat también presentó ayer los detalles del próximo curso escolar, que comienza el 14 de septiembre. Un total de 1.560.468 alumnos volverán a las aulas, unos 12.000 más que en el curso 2014-2015. Por segundo año consecutivo, el departamento amplía la plantilla docente. Se trata de 790 nuevas plazas para llegar a un total de 65.577, la cifra más alta desde el 2012. También habrá más personal de plantilla de apoyo a la docencia (que estaba congelada desde 2011), que se dedicará a la atención a la diversidad. Se trata de 359 personas adicionales. Desde Comisiones Obreras consideran que Rigau “magnifica un incremento de recursos absolutamente insuficiente y que ni siquiera iguala a los que había en 2011”.

Durante este curso se prevé la entrega de 80.000 ayudas de becas comedor, una cantidad similar a la que se adjudicaron el curso pasado, pero con una mayor partida presupuestaria: 48 millones de euros en total. En 2014-2015, Enseñanza planeó dar 68.500 ayudas y terminó otorgando casi 11.000 más.

El departamento también anunció la puesta en marcha de un programa piloto para dar un refuerzo alimentario a los estudiantes de bachillerato, que de entrada abarcará a cinco mil estudiantes. Y habrá 3.300 becas comedor para los menores que asisten a guarderías municipales, que serán entregadas a través de los servicios sociales pero para los que la Generalitat destinará casi tres millones de euros.

Rigau, una vez más, defendió su decisión centrifugar el gasto de las guarderías hacia las diputaciones (45 millones). La consejera defendió que la Comunidad Valenciana, gobernada por socialistas y Compromís, tomó una medida similar con los libros de texto.

Los efectos de la LOMCE en la vuelta al colegio brilló por su ausencia. En este curso, la ley se aplica en bachillerato y en primero y tercero de ESO. En respuesta a los periodistas, Rigau afirmó que los estudiantes “no tienen nada de que preocuparse”. La titular de Enseñanza también recordó que las aportaciones del estado han pasado de 95 millones de euros en 2011 a 1,5 millones este año.