Un cúmulo de despropósitos

Algún día se conocerá la segunda década del siglo XXI en Barcelona como La guerra del turismo y el comercio, una compleja contienda entre propietarios de tiendas y propietarios de locales comerciales enemistados como nunca lo habían estado. Con la administración haciendo equilibrios entre unos y otros, no sabiéndose casi nunca de qué lado está y un Institut Municipal del Paisatge Urbà más preocupado por vender la marca Barcelona y mirándose constantemente al ombligo, con escasa conexión con la ciudadanía y, al fin y al cabo, con el grueso de patrimonio, modernista o no, más allá de los best sellers de Gaudí y poco más.

Las primeras víctimas mortales ya han empezado a caer a partir del año pasado y son las redes sociales las que levantan la alarma. Tras el escándalo del catalogado Bar Muy Buenas —cuya fachada y muebles del interior, arrancados por el inquilino y recuperados por mandato municipal, dormitan tirados sin que se vuelvan a instalar—, ha caído la Filatelia Monge, en proceso de ser declarada Monumento Histórico Artístico, y por tanto absolutamente intocable, pero desmantelada en la actualidad para dar paso a la entrada de unas galerías comerciales y un hotel de lujo. El desastre continúa y justo estos días acaba de ser destrozada la Galeria Joan Prats diseñada por el gran arquitecto racionalista Josep Lluís Sert, uno de los principales representantes del Movimiento Moderno en Catalunya y del Estado Español.

Lo más indignante de esta última víctima es que su destrucción igual está bajo la legalidad vigente, a pesar de que la aprobación definitiva del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona, está en el plazo abierto de alegaciones, y por lo tanto aún existe la moratoria de licencias de obras. En dicho catálogo la antigua Galería Joan Prats consta como lo que fue anteriormente, la Sombrerería Prats, y simplemente se contempla la protección de los elementos que pertenecían a la tienda inicial y no los de la galería de arte proyectada por Sert que era lo que le daba un gran valor patrimonial. Un hecho que resulta insólito dado que se supone que los encargados de la catalogación o no de las tiendas emblemáticas deberían tener formación sobre la historia del arte y la arquitectura, también la del siglo XX.

El cierre la Galería Joan Prats llenó páginas de los periódicos y se habló de que la intervención de Sert se trataba de una obra arquitectónica de gran interés, justo por ello se desataba la alarma por su preservación. El local quedó afectado por la moratoria de licencias de los llamados Establecimientos Emblemáticos y el traspaso de actividad de galería de arte a tienda de moda femenina se realizó bajo la escrupulosa mirada de los técnicos municipales de patrimonio. De su interior no se podía tocar absolutamente nada y se debía restaurar todo. Así lo hizo la marca que ocupó el local, Isabel de Pedro, en un proceso ejemplar que debería de haber marcado una pauta a seguir en estos casos tan complejos de adaptación de un espacio protegido a un nuevo uso radicalmente distinto. Pero todo ese esfuerzo no ha servido absolutamente para nada. Quien rellenó en su día la actual ficha del catálogo municipal, por lo visto, no leía los periódicos ni le importaba la arquitectura moderna y catalogó sólo la fachada y esos ridículos armarios del sótano, y quién lo revisó y aprobó, también.

La marca Isabel de Pedro dejó el local porque su intocable configuración era poco comercial y con un alquiler de 15.000 euros mensuales era difícil que los números salieran a cuenta, por eso intentó negociar a la baja el alquiler con la propiedad pero no llegaron a ningún acuerdo. El catálogo municipal ya se había hecho público y por lo tanto se sabía que la obra de Sert no figuraba en ningún sitio, seguramente por ello la propiedad se negó a bajar el precio. Ahora el mal ya está hecho y es irreparable. Nadie quiere asumir la culpa, achacar el desastre al nuevo gobierno municipal no es lícito porque este caso es responsabilidad absoluta del anterior mandato que es cuando se realizó el catálogo. Ya nadie puede exigir a los nuevos inquilinos que rehagan la Prats de Sert, porque, con el catálogo aprobado definitivamente o no, han seguido las pautas que les imponía la legalidad.