El precio de defenderse de Millet

Hablar del proceso en el Palau de la Música Catalana no tiene nada que ver con el debate político en torno a la independencia de Cataluña sino a un hecho que no deja de interferir desde hace ahora siete años: el proceso judicial abierto por el saqueo de la caja del que fue su presidente durante décadas, Fèlix Millet. El Palau de la Música es una parte perjudicada económicamente y por ello ejerce de acusación particular en un sumario que lleva abierto años sin que, por ahora, tenga en el horizonte la fecha de juicio. De ahí la particularidad de que, además del expolio, el Palau tiene que consignar en cada cierre de ejercicio una partida, fuera de la actividad ordinaria, para cubrir los gastos que le genera el proceso judicial.

En las cuentas de 2014, fueron 309.000 euros y esa partida hizo que el Palau cerrase con déficit pese a que el ejercicio se zanjó con ligero superávit. Desde 2009, el proceso le ha costado al Palau 4,1 millones de euros. De esa cifra, un poco más de 1,1 millones corresponden a las auditorías de 2009 y 2010 para, precisamente, conocer la cantidad sustraída por Millet y su mano derecha, Jordi Montull. El resto, tres millones de euros, son los honorarios de abogados, procuradores, notarios y tasaciones que se han generado en los siete años de causa judicial. A esa cantidad hay que sumar otros casi 1,4 millones de euros de la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda por subvenciones percibidas por el Palau por supuestas obras y trabajos en el edificio que, en realidad, correspondían a trabajos particulares de Millet que él imputó al Palau.

El Palau se ve obligado a vivir dos mundos en paralelo, el que deviene de la actividad ordinaria como sala de conciertos y visitable, y uno extraordinario, que se deriva de la causa judicial, lo que provoca una distorsión en las cuentas", dice el gerente

La extrema lentitud del proceso judicial, que lleva más de un año casi sin actividad alguna, exaspera a los responsables del Palau que quieren pasar página de una vez y recuperar el dinero que robaron Millet y Montull. Como acusación particular, el Palau pretende resarcirse del expolio que consideran que fue de 34 millones de euros (Hacienda lo fijó en 24) y por él piden penas de 81 años de cárcel para Millet y Montull y para la hija de éste, Gemma, a quienes imputan los delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa. No entra la acusación que ejerce la institución musical en si hubo o no pago de comisiones ilegales por medio de Ferrovial —adjudicataria de importantes obras públicas como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro, todas en la presidencia de Jordi Pujol— a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido que tiene embargadas varias sedes para afrontar la responsabilidad civil subsidiaria. Para juez y fiscal, hubo pago de comisiones por valor de 6,6 millones de euros. En el momento de formular el escrito de acusación, la consultora que ha defendido los intereses del Palau, PricewaterhouseCoopers (PwC), argumentó que el presunto pago de comisiones se enmarca en un delito contra la Administración pública, algo que no afectaba al Palau.

También desde que se iniciara el proceso judicial, el Palau ha recuperado 5,9 millones de euros que fueron retornados por Millet y Montull. Con ellos el Palau constituyó un fondo especial voluntario para hacer frente a los gastos de la causa judicial, fondo que casi se ha agotado ya con las cantidades que año tras año han pagado. “En la práctica, el Palau se ve obligado a vivir dos mundos en paralelo, el que deviene de la actividad ordinaria como sala de conciertos y visitable y uno extraordinario, que se deriva de la causa judicial. Lo que cada año acaba provocando una distorsión en las cuentas”, explica Joan Oller, director general de la institución, que no oculta cierto malestar al hablar del proceso judicial. Con todo, tanto él como la presidenta de la fundación, Mariona Carulla, están convencidos de que al final de la causa el Palau acabará recuperando el dinero que se llevaron Millet y Montull y todos los gastos del proceso.

El Palau calcula su presupuesto anual en base a la actividad musical, por un lado, y la que genera las miles de visitas que recibe por ser una de las joyas del modernismo de Domènech i Montaner. En 2014, 382.000 personas asistieron a los conciertos celebrados —tanto los organizados por la institución como por promotores externos— y otras 183.000 realizaron las visitas guiadas.

Desde que estallara el caso, tras poner en claro el embrollo organizativo y de gestión del que se aprovecharon Millet y Montull, el Palau calcula su presupuesto contando con cinco fuentes de ingresos. Para 2015, el presupuesto es de 12,5 millones de euros: un 23% de entradas de conciertos, un 21% de visitas guiadas, un 19% de alquiler de salas, un 18% de mecenazgo y un 13% de subvenciones públicas. Y, como les pasa cada año, no sabrán hasta el final a cuánto ascenderá la factura del proceso. “Confiamos en que este año las minutas no suban demasiado pero nos tememos que cuando empiece la vista oral ese capítulo será importante”, añade Oller. No le falta razón: por la causa del desfalco del Palau se sentarán en el banquillo 17 personas, lo que augura juicio largo.