Agresiones continuas en cinco piscinas municipales de la capital

Los empleados de las piscinas municipales de la capital están sufriendo más agresiones que otros años. En algunos casos les han puesto un cuchillo en el cuello y les han amenazado de muerte. En otras les han agredido y les han partido la nariz o un brazo. Esto ha motivado que más de un trabajador se encuentre de baja laboral por motivos psicológicos y que los afectados hayan pedido más vigilancia y presencia policial. El Ayuntamiento está manteniendo reuniones entre diversas áreas para ver qué soluciones se adoptan.

El aumento de las temperaturas por la ola de calor ha hecho que el número de asistentes a las piscinas municipales se haya incrementado en las últimas semanas, según reconocen los socorristas. Estos prefieren mantener el anonimato. El último caso grave se dio la tarde del lunes en la piscina de San Blas. Una mujer se bañó en la pileta olímpica con pantalones, lo que está prohibido por las normas de uso. Uno de los socorristas le dijo que se tenía que salir porque no podía estar dentro del agua con ese vestuario. Al instante, una veintena de familiares y amigos de la mujer rodearon al trabajador municipal. Uno de ellos le puso un cuchillo en el estómago.

El otro socorrista, que estaba sentado en el puesto de vigilancia, salió en su defensa. Otros dos atacantes sacaron sendos puñales. “Pensé que me mataban. Intentaban clavármelos, pero yo me fui hacia atrás”, recuerda el empleado, que llevan ocho años en la piscina de San Blas. En la denuncia, constan las amenazas: “Te vamos a matar. Te vamos a ahogar. No sabes con quién te estás metiendo. Somos una familia mala de gitanos y no vas a salir vivo”.

Un policía nacional, que estaba con su familia, mostró su placa y ordenó a los atacantes que se marcharan, pero también le increparon: “Payo de mierda, tu no eres policía”. “Fueron tres minutos, pero a mí se me hicieron eternos”, recuerdo el socorrista.

Al poco, llegaron más policías y lograron disolver a los atacantes. Se llevaron detenidos a dos hermanos, Rafael y Jonathan M. F., de 24 y 27 años, ambos con antecedentes policiales. Las concejales de San Blas, Marta Gómez Lahoz, y de Cultura y Deportes, Celia Mayer, se reunieron ayer por la mañana con el socorrista de San Blas. Un coche de la Policía Municipal se encontraba desde por la mañana en la puerta de la instalación.

“Cada vez sufrimos más amenazas y más riesgo. Son familias muy numerosas que quieren hacer lo que les da la gana en la piscina y, como no hay vigilancia suficiente, nos amenazan”, describe un socorrista, que llevan nueve años en Moratalaz.

Uno de los mayores problemas es cuando llega la hora de cerrar a las nueve de la noche. Muchos de los asistentes quieren quedarse y resulta casi imposible desalojar la zona. “Como uno de los vigilantes se va a custodiar el dinero, queda otro que no logra que se marche la gente”, reconoce el socorrista. Este fue amenazado la semana pasada por varios usuarios cuando les dijo que se tenían que marchar: “Te voy a matar como me vuelvas a hablar. De aquí no me saca ni la Guardia Civil”. A la salida, le estaban esperando cuatro o cinco personas y le propinaron un par de tortazos: “¿Quién manda ahora?” le dijeron mientras le pegaban.

Otro problema es que muchos jóvenes se cuelan saltando las vallas. La multa puede llegar a los 750 euros, pero como son insolventes se queda en nada. “Lo que tendrían que hacer es prohibirles la entrada”, se queja el socorrista de Moratalaz. Eso sí, los empleados tienen la obligación de denunciar todo lo que ocurra. “Lo que no se dan cuenta es de que, si estamos pendiente de lo que hacen los usuarios, no podemos estar vigilando lo que ocurre dentro de la piscina. La verdad, tenemos miedo, lo que no nos había pasado antes”, concluye este empleado.

Hace unos días, a un vigilante de seguridad le quitaron la defensa y le partieron la nariz. A otro trabajador que quiso ayudarle también le pegaron con la porra.

El Ayuntamiento ha reunido a los responsables de varias direcciones generales y de la Policía Municipal para ver qué medidas se toman. Se ha planteado la participación de algún grupo de mediación y el hablar con los líderes de ciertas comunidades para llegar a soluciones de consenso y que no sea preciso tomar medidas represivas.