PSOE y BNG pactan “adelgazar” la Diputación de Pontevedra
Carmela Silva será la presidenta y César Mosquera el vicepresidente. El acuerdo contempla "reducir" las competencias del ente provincial
El pacto sellado entre el PSdeG y el BNG para hacerse con la Diputación de Pontevedra prevé, entre sus líneas programáticas, "adelgazar" el ente provincial y "reducir sus competencias", de forma similar al sellado por ambas formaciones políticas en la institución provincial de A Coruña.
En la presentación este jueves del pacto, socialistas y nacionalistas señalaron que trabajarán para transferir a la Xunta la red viaria provincial interurbana y a los respectivos ayuntamientos aquellas vías que no tengan carácter intermunicipal; o llegar a un acuerdo global con el Gobierno gallego para ceder Príncipe Felipe, Areeiro, Mouriscade, A Lanzada o el Consorcio Provincial de Bomberos; y Enfermería a la Universidade de Vigo.
El PSdeG y el BNG firmaron este jueves el pacto para un Gobierno de coalición que les permitirá gestionar la Diputación de Pontevedra y dejará la presidencia en manos de la socialista Carmela Silva, que sustituirá al popular Rafael Louzán, con la finalidad de "cambiar radicalmente" la forma de gobernar este ente provincial. El nacionalista César Mosquera será vicepresidente.
Precisamente, Mosquera, portavoz del Grupo provincial del BNG, y el secretario provincial del PSdeG, Santos Héctor, fueron los encargados de explicar ante los medios el acuerdo "sólido" entre ambas formaciones. Según subrayaron, este pacto posibilita un gobierno "estable y cohesionado", que persigue "un nuevo modelo" de Diputación.
Al respecto, matizaron que "será un gobierno no de dos fuerzas políticas", sino que todo el protagonismo recaerá "en los ayuntamientos y en los ciudadanos", ofreciéndoles a todos ellos, señalaron, una "forma diferente" de gobernar.
El acuerdo programático recoge como objetivos centrarse en las competencias locales, apostar por la transparencia, repartir equitativamente los recursos disponibles o acabar con la "discrecionalidad caciquil" que aseguran que existía en los enteriores mandatos, presididos por el PP.
Aunque los aspectos de organización del gobierno se irán aprobando "una vez se conforme", el pacto recoge que, en líneas generales, el PSdeG gestionará las áreas de Economía y Hacienda, Cooperación Municipal, Empleo, Innovación, Promoción económica y Turismo y Juventud, Deportes e Igualdad. Será su competencia, además, Turismo Rías Baixas, el ORAL, la Escuela de Canteros, el Castillo de Soutomaior o el Campamento de A Lanzada.
Por su parte, el BNG asumirá Obras e Infraestructuras, Bienestar Social, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cultura. Entre otras cuestiones, coordinará los trabajos en todas las vías y carreteras provinciales, el Polígono de Barro-Meis, la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, la Escuela de Enfermería, la Finca de Mouriscade, la Estación do Areeiro, el Archivo Provincial o el Museo de Pontevedra. La intención con éste último es que vuelva a ser organismo autónomo.
Mosquera señaló que también esperan alcanzar un "gran pacto" con todos los ayuntamientos de la provincia para el reparto de los fondos que la Diputación destina a los municipios, dándoles la "máxima autonomía" para que los gestione y haciéndoles corresponsables en la prestación de servicios para "no crear la expectativa de que la Diputación les haga cosas a mayores de lo que le corresponde".
En este sentido, ambos portavoces han insistido en que el reparto de fondos se hará bajo criterios "totalmente objetivos" y desaparecerá la reserva del 20% disponible para el presidente. Además se limitará a un máximo del 5% del presupuesto inicial el dinero dedicado a subvenciones nominativas o excepcionales, justificadas por el interés general; y Vigo y Pontevedra se volverán a quedar fuera de estos planes, estando obligados a firmar convenios específicos.
Además, el nuevo gobierno provincial ha acordado potenciar nuevas áreas de trabajo como la movilidad alternativa, la seguridad vial y la accesibilidad, los parques forestales para recuperar el monte de la provincia o la puesta en marcha de plantas comarcales de tratamiento de residuos, así como otras medidas que fomenten la reducción, reutilización y reciclaje, con un acento especial en el compostaje.
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