Las residencias piden a Munté el dinero de los nuevos dependientes

La incorporación de unos 59.000 dependientes catalanes de grado I o moderado a la Ley de Dependencia ha abierto un nuevo frente de debate entre el Departamento de Bienestar y Familia y la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que agrupa al 70% de residencias y centros de día, entre otros. La entidad exige todo el presupuesto con el que se sufragará el ingreso de los nuevos beneficiarios se destine “exclusivamente” a servicios profesionales.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aplazó la entrada de los dependientes moderados a junio de 2015. Se trata de aquellos que tienen necesidades de ayuda intermitente para hacer sus tareas básicas diarias. Con el retraso, en teoría, se pretendía garantizar presupuestariamente la atención de los beneficiarios de grados más severos, algo que muchas entidades consideran que no se logró.

Desde ayer, anunció Bienestar, se irán incorporando los nuevos beneficiarios, de manera paulatina, en un plazo máximo de seis meses. Sus expedientes serán enviados a los trabajadores sociales de los entes locales, que les realizan su Programa de Atención Individualizada (PIA). Este documento establece el servicio o prestación que le corresponde al beneficiario.

La Generalitat ha destinado, en principio, 18 millones de euros para financiar la incorporación de los nuevos dependientes. Las cuentas autonómicas de este año incluían un aumento de 25 millones de euros en la partida general de Dependencia. Bienestar, que encabeza la también vicepresidenta Neus Munté, recordó ayer en una nota la reducción presupuestaria por parte del Ministerio de Sanidad y que obliga a la Generalitat a asumir más del 80% del desplegamiento de la Ley de Dependencia, un total de 1.421 millones de euros.

Los PIA incluyen una cartera de servicios que pasan por los centros de atención diurna, el servicio de atención domiciliaria, los servicios de promoción de la autonomía personal y la prestación económica para un cuidador no profesional, que suele ser un familiar cercano.

Es este último servicio en el que ACRA cuestiona abiertamente. “Cuando hablamos de atención a los adultos mayores es imprescindible dar la mejor atención posible y esta solo la pueden garantizar los cuidadores profesionales y los centros autorizados porque tienen la experiencia necesaria”, aseguró Cinta Pascual, presidenta de la asociación.

A marzo de este año, según los datos de seguimiento de desplegamiento de la ley, 92.919 dependientes catalanes tenían un cuidador no profesional. Del resto de servicios (91.460), casi el 30% corresponden a residencias de ancianos.

La petición de ACRA, que obviamente responde también a sus intereses económicos, también busca lograr un balón de aire de liquidez para un sector que se ha visto gravemente afectado por el retraso en los pagos por parte de la Generalitat. La asociación calcula que aún se le debe 40 millones de euros a las entidades colaboradoras de servicios residenciales.