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Querella del promotor Flores contra el juez del Madrid Arena

El empresario afirma que se han vulnerado sus derechos fundamentales en la instrucción del proceso por parte de Palop

Miguel Ángel Flores, el promotor musical que organizó la fiesta del Madrid Arena en la que murieron cinco muchachas el 1 de noviembre de 2012, se ha querellado contra el juez Eduardo López-Palop, instructor del caso, según han confirmado fuentes judiciales. El principal imputado cree que se han vulnerado sus derechos fundamentales porque, a su juicio, el magistrado se ha mostrado parcial durante la tramitación del caso y no se han practicado las pruebas solicitadas por su defensa.

La fiesta del pabellón municipal Madrid Arena se convocó para celebrar la noche de Halloween. Asistieron cerca de 20.000 personas, pese a que el aforo estaba limitado a 9.600. Mientras estaba actuando el DJ Steve Aoki se produjeron varias avalanchas en uno de los vomitorios de acceso a la pista central. Esto causó la muerte de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años.

Desde el primer momento, Miguel Ángel Flores, responsable de la empresa Diviertt junto a su hermano, ha sido el principal imputado en la causa abierta por el titular del juzgado de instrucción número 51, Eduardo López-Palop. Este decretó su ingreso en prisión eludible con el pago de fianza en dos ocasiones. En ambas, Flores depositó una fianza, por lo que no llegó a ingresar nunca en la cárcel.

El juez dictó un auto de conclusión de la instrucción en la que procesaba a Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia y una condena máxima de cuatro años. Las partes personadas en el caso recurrieron ante la Audiencia Provincial, que confirmó la decisión del instructor.

El abogado de Flores presentó la querella ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al tratarse de un magistrado en ejercicio. El escrito está muy fundamentado, según fuentes judiciales. El querellante asegura que se ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española, al no garantizarse la imparcialidad en la instrucción ni poder utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

El Tribunal Superior no ha decidido todavía si admite a trámite o no la querella. Tan solo ha abierto diligencias previas, de las que ha dado traslado al ministerio fiscal para que haga un informe preliminar, preceptivo, pero no vinculante. Después será la sala la que decida si se abre un proceso contra el magistrado.

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