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el caso de las sedes del pse

La fiscalía denuncia por falsedad y estafa a dos altos cargos del PSE

Los afectados son el parlamentario y exsecretario general del PSE de Alava, Txarli Prieto, y el exdirector de la Policía, además de secretario de organización, Víctor García Hidalgo

La Fiscalía del País Vasco va a denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al parlamentario y ex secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, y al dirigente socialista y exdirector de la Policía, además de secretario de organización del PSE alavés, Víctor García Hidalgo, por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental, en la adjudicación de unas obras en las sedes del partido. La denuncia se presentará a a lo largo de la semana próxima. La decisión la ha tomado hoy la Junta de Fiscales de la Comunidad Autónoma a instancias del fiscal Superior, Juan Calparsoro, por unanimidad, y la denuncia se interpondrá ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Fiscalía comenzó la investigación el pasado mes de abril en base a una denuncia anónima que señalaba que el PSE en Álava adjudicó obras por importe de 71.484 euros durante los años 2010 y 2011 a la empresa Escoiba, de la que es copropietario Txarli Prieto, entonces secretario general del partido en Álava. Una denuncia que numerosas fuentes atribuyen a la guerra desatada en el PSE de Álava, en la que críticos y oficialistas se desangran en una batalla que ha dado como resultado, entre otras cosas, los peores resultados electorales en años, en las últimas elecciones.

Prieto y el PSE

han negado

irregularidades

Las obras denunciadas se realizaron para mejorar la seguridad en las sedes socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra. La Ertzaintza ha estado investigando si, además, se han producido otro tipo de obras en domicilios particulares, y si las licencias de obras se correspondían con los trabajos realizados. Prieto, actual portavoz parlamentario del Grupo Socialista, y el PSE, han negado que se hubieran producido irregularidades en la adjudicación de contratos de estas obras, y atribuyeron las presuntas irregularidades denunciadas a que las obras se adjudicaban a empresas de confianza, por motivos de seguridad.

El parlamentario, y Victor García, han sostenido en sus declaraciones ante la fiscalía, que la empresa Escoiba, de Txarli Prieto, recibió adjudicaciones de obras en las sedes socialistas durante quince años, desde 1992 a 2012. Prieto, junto con un socio, se encargaba de la gestión de la empresa de la que era copropietario. En su declaración explicó que el Partido Socialista, como organización privada, podía contratar con cualquier empresa, incluida la suya, como así fue. La secretaria general del PSE, Idoia Mendía, ha justificado que no existía ninguna irregularidad, con el argumento de que cuando el terrorismo "ponía en peligro la seguridad de nuestras sedes y nuestros militantes, no era fácil que empresas ajenas a los entornos del partido hicieran estas obras. Tampoco era fácil contratar con cualquiera por razones de confidencialidad".  El PSE ha colaborado con la justicia entregando toda la información solicitada.