Barcelona se retira de la acusación contra dos huelguistas del 29-M

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido retirarse de la acusación contra los estudiantes universitarios Dani Ayyash e Ismael Benito, detenidos y acusados de desórdenes públicos a raíz de los incidentes registrados durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 (29-M) por los que se enfrentan a penas de ocho años de cárcel. El de los estudiantes Isma y Dani no es el único caso en el que el Ayuntamiento figura en la acusación, aunque por ahora el consistorio se limitará a retirarse solo de éste, según fuentes municipales.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que la alcaldesa, Ada Colau, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para retirar los cargos contra los dos estudiantes, que entonces eran alumnos de la Facultad de Física de la UB y desistir de la acusación penal que pesa sobre ellos desde que fueron detenidos durante las protestas de la huelga.

El consistorio cuestiona que en este caso una pena de cárcel cumpla su función resocializadora

El Ayuntamiento de Barcelona se aparta así de la acusación, y lo hace, según Colau, al "escuchar las muestras de apoyo a los dos estudiantes de Ciencias manifestadas tanto por las administraciones públicas como por las entidades sociales". Con esta decisión, el Ayuntamiento de Barcelona se ampara en la posibilidad que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal de apartarse de esta acusación, y se reserva la acción en relación con la posible responsabilidad civil de los hechos, que siempre podrá ejercer con posterioridad en caso de que prosperen las tesis de la Fiscalía.

En la nota, el ayuntamiento señala como motivos para retirarse de la acusación que "de los hechos no se desprende una autoría clara" y que los estudiantes se declaran "rotundamente inocentes" y no han aceptado en ningún momento negociar la conformidad. Además, el Ayuntamiento de Barcelona, que recuerda que su papel es el de velar por la cohesión social, considera que la pena a que se enfrentan -superior a los 8 años de prisión- "en ningún caso cumplirá una función de resocialización" porque "se trata de unos jóvenes que tienen una vida desarrollada con absoluta normalidad y se les aplica la pena más grave, una pena que el ordenamiento jurídico reserva para otras conductas que no son las de este caso".

El Ayuntamiento solicitó penas muy duras para los detenidos del 29M

También argumenta que los hechos tuvieron lugar el 29 de marzo de 2012 y que "el alargamiento en el tiempo del proceso ha sido una carga que ha impedido el libre desarrollo de la personalidad y la vida a dos estudiantes universitarios plenamente integrados en la sociedad".

La jornada del 29-M se saldó con más de un centenar de detenidos por desórdenes públicos. Dos años después, el Ayuntamiento de Barcelona comenzó a solicitar penas de cárcel muy elevadas para los presuntos autores de los altercados, más incluso que las peticiones de la fiscalía y la Generalitat.