Una aportación socialista al nuevo Madrid

Nacen nuevos Ayuntamientos y nuevos Gobiernos autónomos, que generan nuevas expectativas y presentan nuevos proyectos. En la principal ciudad de España se anuncia como primera medida de choque la creación de una Oficina Antidesahucios. Y a mí me parece una excelente idea que los poderes públicos intervengan para impedir que nadie se vea arrojado a la calle cuando la vida se le tuerce. Tanto es así, que en el Gobierno socialista de Euskadi que presidió Patxi López y en el que participé pusimos en marcha esa experiencia de mediación hace ya tres años. Lo sabe bien la persona que va a impulsarla desde la alcaldía de Madrid, porque trabajaba en mi equipo del Departamento de Justicia. Y se ha optado por trasladar las buenas ideas socialistas a su nueva experiencia política.

Pero ni los socialistas vascos impulsamos aquella iniciativa desde la nada ni nos hemos quedado ahí. Esta misma semana, desde la oposición, hemos conseguido aprobar en el Parlamento vasco una ley integral de vivienda para que la Administración no deje desamparado a nadie. Utilizo el plural porque esta norma legal fue una iniciativa elaborada también bajo el mandato de Patxi López, trabajada con 75 agentes sociales en un proceso participativo premiado por la ONU, que no se pudo culminar en esa legislatura. Se ha logrado en la actual, pese al rechazo frontal del PNV y del PP. Derechos, participación, búsqueda de acuerdos. Eso que está en la pancarta de algunos es lo que nosotros estamos llevando a la práctica. El viejo partido que lleva haciendo lo mismo 136 años es el capaz de alumbrar soluciones nuevas a problemas de hoy, con los pies en la tierra.

La ley de vivienda aprobada en Euskadi reconoce el derecho subjetivo de los ciudadanos a disponer de un techo bajo el que vivir. No a poseer, sino a disponer. Supone el desarrollo del artículo 47 de la Constitución, que compete llevar a la práctica a las autonomías. Y para poder garantizar ese derecho establece una serie de instrumentos que tienen un nexo común: en un País Vasco que cuenta con 42.000 pisos vacíos, excluidas las segundas residencias y las que están en venta o alquiler, hay 50.000 demandantes de casa. Los precios han caído, pero pocas personas pueden acceder a la propiedad por las limitaciones salariales y de créditos. Y el precio de los alquileres, sin embargo, apenas se ha movido. Tan sólo ha descendido 46 euros de media durante la crisis, y sigue por encima de los 800, cuando los salarios se han desplomado y miles de trabajadores se han ido al paro.

Nuestra obligación política era dar respuesta a esta realidad. No nos bastaban las múltiples y bienintencionadas políticas públicas de vivienda desarrolladas en nuestra autonomía, en donde se han empleado muchos millones de euros. Ni era suficiente admitir la dación en pago, que soluciona el problema de la deuda pero no el del alojamiento. Tampoco bastaba la oficina de mediación, que tan útil ha sido para cientos de familias pero que no ha servido cuando las entidades bancarias no aceptaban esa mediación. Nada de esto ha sido suficiente para impedir que una sola persona sea arrojada a la calle y que haya tenido que buscar refugio en casas de familiares, ocultando una realidad desesperante. Porque, como dijo el lehendakari Patxi López, “los ciudadanos no son hipotecas impagadas andantes, sino sujetos de derechos, y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, la pobreza o el desarraigo”.

Como he señalado, cuando pusimos en marcha la oficina antidesahucios y cuando hemos planteado esta ley de vivienda, no se partía de cero. Veníamos de un suelo construido a lo largo de la historia de la autonomía vasca, en el que las políticas socialistas han dejado su impronta. En Euskadi ya contábamos con el derecho a recibir un complemento para pagar hipotecas y alquileres de vivienda por parte de quienes tengan dificultades económicas. Lo teníamos porque, a finales de los ochenta, diseñamos el primer plan contra la pobreza, que después desarrollamos con la Ley de Garantía de Ingresos, que reconoce el derecho a contar con unos ingresos mínimos con los que vivir.

Sí, la Renta de Garantía de Ingresos, que algún mandatario popular ha manoseado de forma temeraria para hacer campaña electoral, es uno de nuestros grandes orgullos como sociedad. Y si habíamos convenido que las Administraciones públicas deben garantizar unos ingresos mínimos, consideramos que las Administraciones públicas deben intervenir para impedir lanzamientos de familias a la calle y, en su caso, garantizar un realojo.

La experiencia socialista de crear una Oficina Antidesahucios va a ser ahora imitada en el Ayuntamiento de Madrid. Es una buena medida. Aunque en Euskadi los socialistas ya hemos avanzado dos pasos por delante de éste que dimos hace tres años, nos congratula que iniciativas nuestras sean imitadas y aprovechadas en otros lugares. Y no ocultaré que siento una cierta satisfacción personal al comprobar que proyectos y actuaciones concretas del Partido Socialista son alabadas por quienes tanto nos han criticado en los últimos meses. Porque, por muchas lecciones que se nos pretenda dar, los socialistas siempre hemos sido conscientes, desde el Gobierno o desde la oposición, que el camino de la consecución de derechos sociales no arranca de la nada y está lejos de terminar. Y para este recorrido sobran clases magistrales y falta trabajo y compromisos que den lugar a realidades.

Idoia Mendia Cueva es secretaria general del Partido Socialista de Euskadi y anterior consejera de Justicia vasca.