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El TS tumba el Plan Rabassa, el proyecto por el que dimitió Castedo

El Supremo anula los permisos de la iniciativa urbanística más polémica de Alicante y por la que está imputada la exalcaldesa

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del plan Rabassa, la mayor y más polémica actuación urbanística que ha contemplado la ciudad de Alicante en los últimos años. La sala de lo Contencioso-Administrativo de la alta instancia anula todos los permisos administrativos que sirvieron para aprobar un plan que hubiera creado un espacio urbano para unas 50.000 personas sin asegurar siquiera los recursos hídricos y por el que está imputada la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el llamado caso Rabassa.

La sentencia anula tanto la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que dio el visto bueno final al proyecto como las tres resoluciones del Ayuntamiento de Alicante, que adjudicaron su urbanización a Viviendas Sociales del Mediterráneo, empresa participada por el empresario Enrique Ortiz, también imputado junto a Castedo en hasta dos causas, y procesado en el caso Gürtel.

El Plan Parcial de las Lagunas de Rabassa contemplaba la construcción de más de 13.000 viviendas fuera del plan general de la ciudad así como de un centro comercial donde se ubicaría la multinacional sueca Ikea. Al igual que ya hizo previamente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Supremo considera que no cabe aprobar un plan “con el informe expreso de la Administración hidrológica en contra”.

El plan se aprobó como un PAI (Programa de Actuación Integrada) y estuvo siempre impulsado por Ortiz, máximo contratista del Ayuntamiento alicantino y empresario omnipresente en todo el territorio alicantino desde hace más de 20 años. Su tramitación ofrece dudas hasta el punto de que un juzgado de instrucción investiga si Castedo y Ortiz incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Es el llamado caso Rabassa, un asunto que se encuentra entre la veintena de piezas en las que se partió el caso Brugal, una presunta trama político-empresarial que vertebró la provincia de Alicante entorno a intereses en el negocio de la basura y la construcción.

El alto tribunal, no obstante, estimó dos puntos de los hasta diez recursos de casación presentados por la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo. El TSJCV sentenció en contra de la jurisprudencia del TS al afirmar que debían observarse las normas sobre clasificación del contratista, hecho que no ocurrió y que constituía a ojos del TSJ un motivo más determinante de la anulación del PAI". Asimismo, niega también que debiera existir la necesidad de haber publicitado un contrato semejante por razón de su cuantía. El presupuesto de obra superaba los 200 millones de euros.

El Supremo ha tumbado el Plan Rabassa, pero su espíritu sigue vivo. La policía consideró en un informe que el actual plan urbanístico impulsado en el mismo espacio por la mercantil Alicante Avanza, sociedad tras la que aparece de nuevo el nombre de Ortiz, es heredero del plan enterrado por el Supremo. El núcleo central del plan es el mismo, la instalación de una tienda Ikea y la creación de uno de los mayores centros comerciales de España. Las diferencias en este caso son que donde antes iban 13.500 viviendas ahora va un parque industrial y que, esta vez, no está avalado por el Ayuntamiento sino por la Generalitat Valenciana.