Ciudadanos suaviza su exigencia de primarias a Cifuentes

Ciudadanos ha cedido en su exigencia de celebración de primarias que exigía a Cristina Cifuentes, que de esta forma ha salvado el principal escollo que afrontaba para firmar el pacto de regeneración democrática del partido de Albert Rivera, aunque se ha llegado al acuerdo de suprimir el Consejo Consultivo. La candidata del Partido Popular, con 48 diputados de los 129 de la Asamblea de Madrid, necesita el respaldo de los 17 parlamentarios del partido de Albert Rivera para ser investida presidenta autonómica.

Ignacio Aguado, el candidato regional de Ciudadanos, ha justificado la suavización de la propuesta inicial de su partido. "La redacción queda exactamente igual que en Andalucía. El compromiso es que los candidatos sean elegidos mediante un proceso de primarias", ha afirmado el dirigente. "Es un hito histórico que el PP se comprometa a celebrar primarias. Nos abre las puertas a que en los próximos cuatro años se articule una normativa que haga posible que los candidatos se elijan por primarias". "Es un texto en el que todos nos sentimos cómodos y sentimos como propio", ha observado Cifuentes, que ha recordado que el PP ha debatido la posibilidad de primarias en congresos anteriores. "Todo indica que así va a ocurrir, muchos afiliados creen que hay que dar más participación a los militantes", ha subrayado la candidata, que dentro del PP representa a la vertiente más centrista.

El miércoles por la noche el equipo de negociaciones de Ciudadanos ya barajaba la posibilidad de "redactar de nuevo" su formulación de primarias para todos. Madrid era la única autonomía donde la exigencia era doble: elevar al Congreso de los Diputados una iniciativa para reformar la Ley electoral estatal -de acuerdo a los plazos marcados, sería en 2016, después de las elecciones generales, en las que Ciudadanos espera un buen resultado-, y además modificar el Estatuto de autonomía para regularlas en la legislación de la Comunidad de Madrid.

El PP reclamaba una propuesta más abstracta, a ser posible como la acordada entre Ciudadanos y el PSOE en Andalucía, donde el compromiso adquirido es celebrar primarias, sin entrar al detalle. Otro as con el que Cifuentes ha acudido a la reunión es que Ciudadanos solo exige a los populares en Castilla y León que eleven una iniciativa desde el Parlamento regional para que se debata en el Congreso de los Diputados. Es decir, que el presidente castellanoleonés no está obligado a reformar la ley electoral autonómica para imponer primarias a los partidos en la región. Ese obstáculo lo salvó, tras la cesión de Aguado, Cifuentes, una de las pocas dirigentes que reclaman desde hace años que los candidatos del partido se eligen por un proceso en el que decidan los militantes (unos 100.000 en Madrid).

Donde Ciudadanos no ha dado un paso atrás es en la exigencia de limitar a dos legislaturas el mandato de los miembros del Gobierno regional. Cifuentes no tiene problema alguno en acotar el periodo máximo para presidir la Comunidad a ocho años, lo que, por ejemplo, hubiera impedido que Esperanza Aguirre hubiera sido presidenta de Madrid entre noviembre de 2003 y septiembre de 2012. El problema venía por las reticencias del PP a aplicar ese tope también a los consejeros. Mientras Aguado entiende que ocho años "son el tiempo adecuado", la candidatura de Cifuentes era partidaria de que ese límite afectara al tiempo que se puede ocupar una cartera. Esto es, que un consejero pudiera desempeñar el cargo ocho años y, pasado ese tiempo, si seguía gobernando su partido, encargarse de otra área del Ejecutivo. "Los ocho años abarcan todo el tiempo que se podrá ser consejero, otra fórmula iría en contra de la regeneración, permitiría que los políticos se pudieran eternizar", observan en la dirección de Ciudadanos.

Cifuentes y Aguado ya han empezado a tratar el siguiente bloque de las negociaciones para la investidura, centradas en el programa económico y social, con vistas a los presupuestos de 2016. Ciudadanos quiere incrementar las partidas en Sanidad (la más cuantiosa, con más de 7.000 millones de euros, y que representa casi a la mitad del total este ejercicio), Educación y Dependencia.